JORNADA
Reformas de la justicia

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miércoles 4, enero 2017

Este año se debe proceder a la renovación de los magistrados del poder judicial, después de seis años de mandato, debiendo ajustarse al procedimiento de la Constitución Política del Estado, es decir a la elección mediante las urnas, tal como aconteció por primera vez para la presente gestión, aunque el pueblo votó en esa oportunidad en contra.

Esperemos que, en esta ocasión, se proceda a una mejor selección de los pretendientes a ocupar los altos cargos de los diferentes tribunales, especialmente por meritocracia, con la participación de las instituciones que puedan avalar la probidad y el conocimiento de los abogados y que no sea sólo la Asamblea Legislativa la que realice ese trabajo de calificación.

La intención de solucionar los graves problemas que afronta la justicia, por medio de las urnas, no ha respondido a la expectativa popular, ya que el poder judicial, lamentablemente, continúa siendo un apéndice de los otros poderes y su actuación es totalmente sesgada y no responde a los intereses y a la justicia que reclama la ciudadanía.

El Presidente del Estado, en forma previa, ha presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional tres proyectos de ley a fin de reforma el sistema judicial y que modifican normativas que regulan el ejercicio de la abogacía, acortan los plazos de los litigios y sancionan a las autoridades que incurran en dolo.

Nos parece avances necesarios, ya que la experiencia nos ha llevado a las conclusiones para adoptar esas normativas, especialmente cuando la justicia se ha convertido en un negocio para fiscales, jueces y abogados.

El Mandatario también planteó que en un futuro se pueda aplicar la cadena perpetua para los violadores de niños, un paso que ha sido reclamado por la ciudadanía frente al abuso y a la indefensión de los menores, como ha acontecido en todo este tiempo.

Un proyecto de esta naturaleza, sin embargo, al parecer no sólo requiere de la apertura de la Constitución Política del Estado, por medio de un referéndum ciudadano con este cometido.

De acuerdo con los constitucionalistas, la reforma procede también del cambio de algunos artículos de la Carta Magna, en lo que se refiere a la pena máxima que es de 30 años y a los derechos de los ciudadanos, derechos que pueden ser modificados solamente por una Asamblea Constituyente.

Esperemos que con los proyectos de ley, la elección de los magistrados sea más prístina y la justicia sea una realidad en nuestro país.

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