JORNADA
La democracia latinoamericana

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miércoles 5, abril 2017

Los pueblos Latinoamericanos han desarrollado una sacrificada lucha para restablecer la democracia que les fue arrebatada por golpes militares y por intromisiones foráneas. Ha sido una larga lucha y las cicatrices todavía no han sanado, pero el proceso de recuperación de las libertades y prerrogativas ciudadanas, el respeto a los derechos humanos ha avanzado sólidamente, pese a algunas desviaciones que se están produciendo en algunos países. Lamentablemente, Bolivia aparece en el plano internacional entre los que apoyan las violaciones democráticas, como en el caso del respaldo al régimen oprobioso que sacrifica al pueblo venezolano. Ahora, esa posición antidemocrática ha sido trasladada al seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La democracia es un concepto amplio que implica formas de gobierno y de organización de los Estados, y que a su vez al respeto a las decisiones colectivas adoptadas por los ciudadanos mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos inquebrantables establecidos en el contrato social, que es la Constitución Política de los países y su ordenamiento jurídico. Pero, además, la democracia implica respeto, reglas claras y principios éticos que deben primar como condición indispensable. Esos compromisos éticos tienen que ver con el respeto por la verdad y la necesidad de que los políticos y gobernantes no solamente hablen de democracia, sino que la lleven a la práctica.

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha sido un organismo que ha aportado al fortalecimiento de los procesos de respeto institucional mediante una serie de acciones, entre ellas la aprobación de la Carta Democrática. Ahora, en esa vía y dentro de un proceso ya abierto y definido por la mayoría de los países miembros, la OEA aprobó una resolución que afirma que en Venezuela hay una "grave alteración inconstitucional del orden democrático" y exige al Gobierno de Nicolás Maduro que restaure "la plena autoridad" de la Asamblea Nacional, que es el organismo legislativo y parlamentario. Es el texto más duro hasta la fecha del organismo internacional contra el régimen que gobierna Venezuela.

Pero la representación de Bolivia, que presidía desde el sábado el Consejo Permanente de la OEA, decidió suspender la sesión antes de que comience al calificarla de "inconsulta". Pese a la maniobra, 21 de los 34 estados lograron reunirse en asamblea extraordinaria y 17 aprobaron el texto.

Bolivia, Venezuela y Nicaragua abandonaron la sesión tras denunciar que se trataba de una reunión "ilegal" y un "golpe institucional". El documento contra Maduro fue presentado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú. Se abstuvieron República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador.

La convocatoria a la sesión de la OEA surgió después de que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se adjudicaran las funciones de la Asamblea Nacional, y luego de haber retirado la inmunidad de los diputados, además de otorgar, inconstitucionalmente, poderes extraordinarios al presidente Nicolás Maduro.

Informes de las agencias noticiosas dan cuenta que el asesor jurídico de la OEA, Jean Michel Arrighi, explicó que la sesión podía comenzar si había quórum (un tercio de los 35 Estados miembros, es decir, al menos 12) y que, al no estar el presidente (Bolivia) ni el vicepresidente (Haití), le corresponde presidirla al embajador titular con más antigüedad: el de Honduras, lo que al final ocurrió y se aprobó el citado texto.

Los pueblos americanos quieren vivir en democracia, este sentimiento ha sido confirmado por varios estudios y encuestas. Este convencimiento obliga a los líderes políticos y la ciudadanía en general, a reflexionar sobre los valores implícitos en el concepto de democracia. Se trata de principios que el pueblo debe defender y tienen que ver con el respeto a las libertades y derechos consagrados en las normas legales y defensa de la institucionalidad frente a los intentos de pasar por encima de las leyes.

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