JORNADA
Quiebra predecible

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jueves 6, julio 2017

El grupo español de construcción e ingeniería Isolux Corsán, se declaró en quiebra dejando pasivos por cerca de dos mil millones de dólares después de haber abandonado diversos proyectos, entre ellos dos adjudicados a su filial Corsán-Corviam en Bolivia. Las carreteras abandonadas en nuestro país son San Buenaventura-Ixiamas y la implementación del proyecto hidroeléctrico Miguillas, en el departamento de La Paz, ambas por un total de 534 millones de dólares.

En su portal web (www.isoluxcorsan.com), el Consejo de Administración de Isolux Corsán informa que acordó en su reunión del martes 4 de julio, solicitar el concurso voluntario de acreedores para las siete sociedades involucradas. La deuda que deja el grupo español con proveedores y el endeudamiento financiero asciende en total a $us 1.903 millones.

La filial de esta firma española ha ocasionado mucho daño en Bolivia. La liberalidad y mecanismos permisibles que rigen en nuestro país hace que se ponga en riesgo el patrimonio nacional, adjudicando millonarias obras a empresas cuya idoneidad y prestigio no alcanzan las calificaciones básicas necesarias de seguridad. Para la adjudicación de toda obra, por más pequeña que fuese, deben respetarse las normas legales, y además, como señal de responsabilidad funcionaria, deberían tomarse precauciones sobre la capacidad de cumplimiento de parte de la empresa adjudicataria, más aun cuando se trata de obras millonarias.

Conocer los antecedentes de un proponente debería ser algo elemental, pero parece que en nuestro país se hacen adjudicaciones pensando en otros intereses totalmente ajenos a la calidad, garantía de cumplimiento, solvencia, y capacidad que deberían ser requisitos elementales. Lo peor es que cuando se produce un desenlace desafortunado, como en muchísimos proyectos ejecutados en los últimos tiempos, las autoridades salen a dar explicaciones sorprendentes, defendiendo a quien incumple o estafa.

Las permanentes denuncias de irregularidades en el cumplimiento de contratos, la forma como se eluden las normas legales, las adjudicaciones mediante procedimientos excepcionales, los perjuicios que sufre el Estado y las instituciones, son el resultado de una deficiente administración.

Para los funcionarios que actúan de buena fe existe en este momento en el mundo rigurosas regulaciones e información sobre prevención de sobornos y medidas contra la corrupción, que dan pautas cada vez más certeras para garantizar los negocios, investigar y conocer a todos los agentes, consultores, distribuidores y proveedores con los que se pueden efectuar contratos. Inclusive hay empresas especializadas que utilizan herramientas analíticas comprobadas, y servicio de información de inteligencia para tomar mejores decisiones. Existen, además, plataformas de gestión de riesgo con listados de empresas.

Pero en nuestro país se actúa ingenuamente, por decir lo menos. El caso de la empresa española confirma estos temores, ya que fue contratada pese a que públicamente se conoció la difícil situación que confrontaba. Hace algunos meses, el periódico El Mundo de Madrid, publicó un reportaje señalando que Isolux Corsán -casa matriz de Corsán-Corviam- urdió una trama para conseguir adjudicaciones públicas en diversos países de África y Sudamérica a cambio de sobornos. La empresa española tiene denuncias en por lo menos 13 países. La versión señala que las prácticas de corrupción internacional de la transnacional incluían la entrega de dádivas y sobornos a funcionarios públicos con el fin de comprar información de los procesos de contratación para adjudicarse obras.

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