JORNADA
Las aguas del Lauca y del Silala

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martes 5, septiembre 2017

El agua dulce es cada vez más valorada y Bolivia tiene la obligación de proteger sus recursos naturales y el deber de defenderlos, pensando tanto en su aprovechamiento racional, como por la necesidad de ajustar su uso a las pautas y acciones para combatir el cambio climático. Chile utiliza las aguas del Río Lauca y del Silala para la minería la industria y el riego de campos que producen productos transgénicos. Ese país tiene el derecho soberano de hacerlo, pero no con aguas bolivianas desviadas de manera artificial y en forma abusiva.

La bancada de Potosí planteó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (APL) que se realice una evaluación de los perjuicios que generó a nuestro país el desvío unilateral que hizo Chile a este recurso hídrico. El diputado potosino Gonzalo Barrientos informó que se planteará a la Comisión de Política Internacional de la Asamblea Legislativa una visita institucional al río internacional Lauca. Se pidió un informe escrito al canciller Fernando Huanacuni, para que explique por qué, hasta la fecha no se presentó una demanda internacional contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

En la actualidad, y más en el futuro, el problema del uso abusivo de Chile de las aguas del Silala y el desvío del río Lauca, tendrán una gravitación geopolítica muy sensible en la región, debido a una serie de factores que tienen que ver con el valor estratégico del agua dulce. Los desafíos para un mejor aprovechamiento y gestión del agua obligan a definir estrategias de adaptación para un efectivo desarrollo sostenible.

Existe preocupación en los organismos internacionales por los riesgos de la escasez del líquido elemento. Hoy en día, 1.600 millones de personas en el mundo viven en regiones donde la escasez de agua es absoluta, y se estima que esta cifra aumentará a 1.800 millones hasta el año 2025.

Estudios especializados de organismos internacionales, instituciones científicas, universidades y movimientos ambientalistas coinciden en que el tema del agua es cada vez más delicado, y por sus implicancias naturales, puede convertirse en un controvertido problema socio político geográfico.

Datos provenientes de entidades internacionales especializadas, publicadas por el periódico La Región de Iquitos, Perú, coinciden en señalar que cada año mueren más de 11 millones de personas en el mundo, por falta de agua o por enfermedades transmitidas por el agua. Otro informe la ONG "Raíces" calcula que un 65 % de ingreso de pacientes a los hospitales, y un 80 % de las consultas médicas son motivados por dolencias transmitidas por el agua. A esto se añade que un 80 % de las enfermedades y un 33% de muertes se deben a la crisis del líquido.

La misma fuente asegura que la mitad del planeta carece de higiene y millones de personas mueren por enfermedades que acarrea el agua sucia o contaminada. Bajo tal premisa, se sabe que 300 millones de personas en el mundo, sufren de múltiples dolencias como la tifoidea, el paludismo, la fiebre amarilla, la malaria, el dengue y muchas enfermedades más, debido al consumo de agua contaminada.

En medio de tan apocalíptico panorama se deja ver con cierta crueldad la negligencia humana, cuyo descuido e indolencia hace que el agua esté mal cuidada y distribuida. En la mayoría de países del mundo que cuentan con adecuada provisión del vital líquido, ésta se desparrama, se tira, se desperdicia, dejan abiertos los caños, represan los ríos, secan los pantanos, los humedales y hasta los manglares, lugares donde nació la vida. La publicación añade que es lamentable comprobar que ante los anuncios de una posible crisis de abastecimiento de agua, hay países que tiene pensado acaparar el volumen de agua de su vecino o vecinos, habiendo optado por armarse hasta los dientes, en indudable actitud belicosa para apropiarse del agua del vecino en detrimento del país agredido.

El río internacional Lauca, nace en Parinacota (Chile) y sigue su curso por Bolivia, pero fue desviado por el vecino país en 1962, hecho que desencadenó en el rompimiento de relaciones diplomáticas. Los más afectados del desvío de las aguas son los Urus y Chipayas y otras comunidades rurales de Potosí.

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