JORNADA
Defensa de la democracia

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lunes 2, octubre 2017

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) al admitir el recurso abstracto de inconstitucionalidad que impide a Evo Morales volver a ser candidato para las elecciones de 2019, ha sentado un funesto presente. Mediante auto constitucional 0269/2017-CA los miembros del TCP hicieron conocer que admitieron el recurso que presentó el MAS, el 18 de septiembre. Esta situación ha abierto un debate jurídico en el que se exponen argumentos que entran en colisión, fundamentalmente con el ordenamiento legal vigente. Para algunos juristas el Tribunal, con su decisión, ha dejado de ser garante de la Constitución.

Para otros, el admitir una demanda no implica que automáticamente merezca una sentencia favorable, siempre existe la posibilidad que subsista algún vestigio de honorabilidad entre los tribunos. Según informaciones, la Comisión de Admisión la integraron los magistrados Ruddy Flores, Zenón Bacarreza y Efren Choque, quienes dieron paso al recurso de inconstitucionalidad que presentó el oficialismo con la pretensión de que se declaren inaplicables cuatro artículos de la Constitución con el objetivo de habilitar al presidente Evo Morales para ser candidato nuevamente. De nada sirvió la voluntad expresada en las urnas por el pueblo que el 21 de febrero de 2016 que ya se pronunció sobre la reelección. Este es un evidente ejemplo de cosa juzgada, ya que el recurso fundamentalmente y en el fondo, busca otra reelección.

Mientras tanto, unas 50 organizaciones colectivas de ciudadanos alistan una movilización nacional en defensa de la democracia. La cita será el próximo 10 de octubre, cuando se recuerden 35 años de la recuperación del sistema democrático. Las plataformas rechazan el intento busca la reelección y se proponen llevar adelante un esfuerzo para que la ciudadanía actúe en consecuencia con los principios democráticos, el respeto a la CPE y a las leyes del país y se organice para defender el proceso democrático.

Es necesario hacerte comprender a toda la ciudadanía que sin democracia peligran todas las libertades. Si se permite otra violación constitucional, en los hechos ya la norma dejará de tener validez, al ser vulnerada por quienes precisamente están encargados de hacerla cumplir. La CPE vigente es meridianamente clara, y no admite interpretaciones antojadizas. El Art 168 señala que "El período de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua". Asimismo, la reforma de la CPE, tratándose de un asunto de fondo como la reelección presidencial, o su supuesta inaplicabilidad, debe atenerse al Art. 41I, que determina: "La reforma total de la Constitución, o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo. La convocatoria del referendo se realizará por iniciativa ciudadana, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional; o por la Presidenta o el Presidente del Estado. La Asamblea Constituyente se autorregulará a todos los efectos, debiendo aprobar el texto constitucional por dos tercios del total de sus miembros presentes. La vigencia de la reforma necesitará referendo constitucional aprobatorio. II. La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio".

Finalmente, si hubiese una reforma constitucional legal, solamente podrá regir para futuros mandatos, ya que le ley no tiene carácter retroactivo. El pueblo boliviano tiene derechos consagrados en la carta magna y tiene mecanismos legales para hacer que se respete la CPE.

Recordemos que el 21 de febrero de 2016, un 51,3% de los electores dijeron No a la reforma del artículo 168 de la CPE, que define que el tiempo de mandato del presidente es de cinco años con opción a reelección por una sola vez continúa. Cualquier argumento para violentar las normas, debe ser rechazado por la ciudadanía. Es la única forma de que los bolivianos puedan seguir construyendo el proceso democrático recuperado con tanto sacrificio, dolor, sangre y luto.

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