JORNADA
Repostulación presidencial a consideración internacional

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miércoles 4, octubre 2017

La intención del oficialismo de repostular a los mandatarios del Estado para las elecciones generales del 2019, trasciende al Tribunal Constitucional de Bolivia, organismo al que se pidió se declare inconstitucionales cuatro artículos de la Ley Electoral y sean considerados como inaplicables cuatro de la Constitución Política del Estado, uno de ellos que limita a una sola reelección para Presidente y Vicepresidente de la Nación.

Una comisión del Gobierno explicará mañana en la Organización de Estados Americanos el planteamiento jurídico para adoptar ese camino, en un plenario de esa entidad, además que denunciará al Secretario General de la OEA por intromisión, al haber expresado al Presidente, por medio de una red social, que debía respetar los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, que fueron negativos a su pretensión de reformar el artículos 168 de la Carta Magna.

Mientras que otra comisión de la oposición también estará en la capital de Estados Unidos de Norteamérica, para hacer conocer el rechazo a los argumentos oficialistas y denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el desconocimiento del plebiscito citado.

El gobierno, para sortear la oposición popular a reformular el artículo que limita la reelección de Mandatarios, ahora trata que sea el Tribunal Constitucional en que lo considere inaplicable.

Como base de esa pretensión se ha esgrimido el Pacto de San José, en el que se establece que todos los ciudadanos tienen derecho: "a) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto... y b) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país".

Ese argumento central, sobre derechos humanos y políticos, que en estos días deberá ser explicado en la OEA, seguramente tiene que ser interpretado por la propia Comisión de la OEA y no por el organismo boliviano que tiene como obligación resguardar la constitucionalidad de leyes, decretos y otras normas.

De todas maneras, se ha abierto un nuevo centro de debate y en esta oportunidad es internacional, ingresando el pedido de inconstitucionalidad abstracta presentado por el oficialismo a conocimiento y consideración de la organización interamericana y de los países signatarios.

Seguramente hasta fines de semana podremos contar con una orientación, aclarando si es válido el argumento de derechos humanos y políticos para llegar a ser Presidente y Vicepresidente de un país por tiempo indefinido.

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