JORNADA
La legitimidad legal

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martes 9, enero 2018

Nuestro país ha vivido muchas circunstancias en la que se ha vulnerado la legalidad escondiendo las verdaderas intenciones o con argumentos forzados, pretextando que determinadas acciones transgresoras podrían tener legitimidad debido a un supuesto apoyo del pueblo, cuando en realidad son organizaciones afines las que respaldan hechos que la ciudadanía en general repudia. Es necesario señalar que esta es una de las varias maneras de torcer el significado de determinadas acciones. Para que algo sea legítimo debe reunir requisitos ordenados por la las leyes. Lo legítimo nace de la ley. Nada que sea ilegal puede ser legítimo.

El nuevo Código del Sistema Penal, contiene aberraciones jurídicas y determinaciones que van en contra de la Constitución Política del Estado. Autoridades del gobierno defienden la legalidad de la nueva norma por haber sido aprobada mediante procedimientos establecidos. También defienden el derecho humano del presidente Morales a ser candidato indefinidamente por encima de la ley, de la CPE y también por encima de los derechos humanos de los demás ciudadanos bolivianos.

Lo legal, lo legítimo, y lo que es formal tienen que tener una correlación. Porque lo legítimo va más allá de los simples procedimientos formales, ya que tiene que tener fundamentos legales y éticos. Violentar estas bases ha ocasionado graves confrontaciones y desenlaces indeseables en el pasado. Lamentablemente, las lecciones de la historia casi nunca son aprendidas a tiempo. Por eso tantos gobiernos se han equivocado en el pasado al creer que para obtener la sanción de una ley en la que están políticamente interesados, basta con producir un texto normativo que supere los escollos institucionales formales. Recordemos como en el pasado se aprobaron leyes hasta comprando votos.

Para que sus actos sean legítimos, la Asamblea Legislativa, tiene que ser respetuosa del ordenamiento legal, formal y, lo más difícil, debe saber interpretar los sentimientos nacionales y armonizar las corrientes opuestas. Una norma legal aprobada por los procedimientos formales, será siempre precaria e incompleta si no cuenta, además, con ese segundo valor o requisito ineludible que es su legitimidad sustancial o de fondo. Un ejemplo es la ley de capitalización que fue aprobada cumpliendo las formalidades, (por gonistas, socialistas y "emebelistas" hoy mimetizados en el gobierno) pero que desde su nacimiento generó oposición del pueblo que finalmente consiguió revertir, por lo menos en parte, esa funesta ley.

En efecto, una ley puede resultar aprobada en el legislativo por el número de votos de diputados y senadores que el reglamento determina para su sanción, pero si ese objetivo fue alcanzado escondiendo su contenido a la ciudadanía, en medio de un clima enrarecido, generando descontento y desconfianza, de poco servirá que se hayan completado los requisitos de forma si lleva el signo de la ausencia de legitimidad sustancial.

El proyecto original del Código del Sistema Penal surge de una manera poco transparente. En los últimos 12 años, todas las leyes fueron presentadas y nacieron del gobierno central. Ha sido el Órgano Ejecutivo que ha concebido todo el nuevo ordenamiento legal. Pero el código de marras fue presentado por los jefes de bancada del MAS. ¿Dónde se elaboró? ¿Quiénes son los autores?

Nuestro país, sobre la base tanto de la antigua como de la nueva Constitución, se funda en el estado de derecho y la democracia representativa, pero además, tiene un concepto de democracia directa y participativa, naturalmente mediante mecanismos legales que son la participación popular, el control social, el referéndum y la iniciativa legislativa ciudadana. Existen, además, otras realidades e instancias que son parte constitutiva e insoslayable de la organización democrática. Y una de esas realidades es la opinión pública, en la cual queda siempre constancia de los aciertos así como de los abusos o de las irregularidades en que pueden llegar a incurrir los gobernantes de turno.

Se han aprobado leyes y normas empujando el rodillo de la mayoría, pese a que vulneran la Constitución y los principios democráticos y normas aprobadas por el propio gobierno. Los ejemplos, desgraciadamente, son muchos, y tienen que ver con temas muy sensibles, como los derechos humanos, libertad de expresión, derechos de los indígenas, protección del medio ambiente, recursos naturales, designaciones de funcionarios en instituciones descentralizadas sin consultar la idoneidad, inclusive un tema tan delicado como la lucha contra el narcotráfico, y otras.

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