JORNADA
Vulneraciones

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jueves 3, mayo 2018

El oficialismo ha dirigido su política hacia un rumbo del más alto riesgo, que puede desmoronar todo lo que con tanto sacrificio ha construido el pueblo boliviano. Se está debilitando las columnas legales en las que se basa el estado de derecho, el cambio que se está produciendo en el país y destruyendo el instrumento más valioso que tiene el gobierno, que es la Constitución Política del Estado (CPE), que debiera ser defendida sobre todos los intereses sectarios.

La CPE en su Art. 110 señala que "Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a jurisdicción y competencia de las autoridades". La vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a sus autores intelectuales y materiales". Asimismo, para proteger la Carta Magna, el Art. 108 instruye a los ciudadanos "conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes".

El artículo 12 determina que el "Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos". En esa misma línea el artículo 172 determina que una de las atribuciones del Presidente del Estado Plurinacional es "cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes". Asimismo, este marco jurídico básico establece que son nulos los actos de quienes vulneren la CPE y las leyes.

El actual gobierno, el MAS y la mayoría del pueblo boliviano han aprobado el texto constitucional como la base del cambio, pero ahora en una decisión incomprensible se está echando por tierra todo este esfuerzo institucional, y aparentemente sin valorar las consecuencias, sus impulsores están socavando las bases legales de sustento de la legitimidad ganada con el respaldo popular en las urnas por la actual administración.

La pretensión de Evo Morales presentarse en las próximas elecciones para una mueva reelección, pese a la prohibición constitucional, y alegando un supuesto derecho humano, ha generado adversas reacciones no solamente en el país, sino a nivel internacional

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, remitió a los Estados miembros de la OEA, el informe de la Convención de Venecia que como conclusión señala que "la reelección no es un derecho humano como tal, sino una modalidad del derecho a ser elegido". Se trata de un informe que tiene autoridad y se basa en alegatos jurídicos, fundamentos de los derechos humanos y principios éticos.

Las reiteradas vulneraciones al ordenamiento legal, la calidad de la justicia, la retardación judicial, los miles de detenidos sin sentencia, la corrupción e impunidad, están marcando la imagen del estado de derecho actual en el país.

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