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Gobierno buscará consenso con oposición sobre elecciones judiciales
Bolivia debe escoger por voto directo a las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura antes de que termine el año para que estén ejerciendo al inicio de 2018.

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La Paz, (EFE)
martes 4, abril 2017

JornadaNet
ABI
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, hizo ayer un llamado a la oposición para consensuar los pasos para elegir otra vez este año por sufragio a las autoridades de los órganos judiciales, tal como establece la Constitución.

Bolivia debe escoger por voto directo a las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura antes de que termine el año para que estén ejerciendo al inicio de 2018, explicó García Linera a los medios.

Para ello, las dos cámaras legislativas, que están bajo el control mayoritario del oficialismo, deben aprobar cronogramas y reglamentos y trabajar en la preselección de candidatos.

El vicepresidente, que constitucionalmente preside el Poder Legislativo, dijo que instruyó al presidente del Senado, José Alberto Gonzales, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, para que "inicien las conversaciones con las fuerzas opositoras" en ese órgano.

"Es decisión del Gobierno nacional iniciar este proceso de elección de nuevas autoridades al órgano judicial de 2017 con base en los consensos y en los acuerdos con las fuerzas de oposición en la Asamblea y con la sociedad civil", dijo.

García Linera aseguró que el Gobierno está "bajando la bandera para iniciar diálogos, establecer cronogramas, procedimientos y acuerdos" para que el proceso de elección sea "transparente, sea consensuado y estén seleccionadas las mejores personas que puedan revitalizar y llevar adelante un renacimiento del poder judicial".

El consenso consistiría en elegir a los abogados que se conviertan en candidatos para ocupar los altos cargos judiciales.

El vicepresidente reconoció que el sistema judicial está "en muy malas condiciones y con muy baja credibilidad".

El Gobierno ha reconocido varias veces que en la anterior elección, realizada en 2011, se cometieron errores en la elección de los candidatos, que terminaron agravando la situación de la Justicia.

Las denuncias de corrupción en los juzgados y de politización en la administración de la Justicia, el retraso crónico de los juicios, una peligrosa masificación carcelaria y linchamientos populares, son algunas de las marcas del mal funcionamiento del sector en Bolivia.

El Gobierno de Evo Morales ha marcado el año 2017 como el de la reforma judicial, ya que además de las elecciones para autoridades afrontará la reforma de sistema penal y otras leyes relacionadas con procesos legales que buscan agilizar y mejorar la Justicia.

En una remodelación parcial de su gabinete en enero, el presidente Evo Morales nombró ministro de Justicia y Transparencia a Héctor Arce, hasta entonces procurador general del Estado y considerado un hombre fuerte del oficialismo.

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