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UD presentó acción de "abstracta inconstitucionalidad" contra Ley de la Coca
Parlamentarios opositores denunciaron ante el Tribunal Constitucional la supuesta ilegalidad de los artículos 15, 16 y 17 de la nueva Ley General de la Coca, en los cuales se autoriza la producción de la planta en "zonas no tradicionales".

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La Paz, (EFE)
martes 11, abril 2017

JornadaNet
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Parlamentarios opositores bolivianos denunciaron ante el Tribunal Constitucional la supuesta ilegalidad de tres artículos de la nueva ley que amplía la superficie permitida de los cultivos de hojas de coca de 12.000 a 22.000 hectáreas, que fue promulgada el mes pasado por el presidente Evo Morales.

Los legisladores de la fuerza opositora Unidad Demócrata (UD) presentaron una "acción abstracta de inconstitucionalidad" contra los artículos 15, 16 y 17 de la nueva Ley General de la Coca, en los cuales se autoriza la producción de la planta en "zonas no tradicionales", informó ayer a los medios el senador Óscar Ortiz.

Los opositores argumentan que estas disposiciones "contradicen la Constitución, que sólo protege la producción de hoja de coca ancestral y tradicional", así como los compromisos asumidos por Bolivia ante la Convención sobre Estupefacientes de la ONU relacionados con los cultivos de la planta, indicó.

"Esperamos que con este recurso de inconstitucionalidad que está sólidamente fundamentado se reconduzca toda esta normativa relativa a la producción de hoja de coca en el país y Bolivia cumpla con la Constitución y con los compromisos internacionales limitando la producción a zonas tradicionales y ancestrales", sostuvo Ortiz.

El senador estuvo acompañado en su rueda de prensa por los legisladores opositores María Elva Pinckert y Jeanine Añez, entre otros.

Bolivia se retiró de la Convención en 2012 y concretó su retorno un año después, tras lograr que la ONU aceptara la reserva planteada por el Gobierno de Morales para que se reconociera el acullicu o la masticación de la planta como legítima en territorio boliviano.

La coca tiene en Bolivia usos culturales, rituales y medicinales reconocidos en la Constitución vigente desde 2009, pero una parte de la producción es desviada al narcotráfico para fabricar cocaína.

La ley cuestionada por los opositores fue promulgada en marzo pasado por Morales, que aún es el máximo dirigente de los sindicatos de cocaleros de la zona central del Chapare.

Esta norma sube de 12.000 a 22.000 hectáreas la superficie legal de cultivos de hoja de coca en el país, de las que 14.300 están en la zona tradicional de los Yungas de La Paz y 7.700 en el Chapare, un área de cultivo no tradicional.

Un estudio presentado en julio del año pasado por la ONU certificó que Bolivia tenía unas 20.200 hectáreas de coca en 2015.

Las autoridades bolivianas aseguran que se necesitan 18.000 hectáreas para cubrir la costumbre del "acullicu" y que el resto de las plantaciones puede ser exportado, aunque la ONU mantiene vetada la comercialización internacional de la planta.

La oposición cuestiona la nueva ley al considerar que más cocales en Bolivia solo puede significar un beneficio para el narcotráfico.

Ortiz expresó su confianza en que el Tribunal Constitucional hará "respetar la Carta Magna para evitar un daño" a los habitantes del país y a las futuras generaciones "porque la droga es una de las principales amenazas de nuestra sociedad".

Cuando la norma fue publicada, la Unión Europa expresó su preocupación por el aumento de las zonas de cultivo de hojas de coca en Bolivia, y anunció la necesidad "de reenfocar" la cooperación de ese organismo para hacer "más efectiva" la lucha antidrogas.

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