JORNADA
Fijan fianza de Bs 60.000 a Mérida por uso indebido de bienes públicos

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Quillacollo, (Abi)
miércoles 5, julio 2017

Una jueza fijó ayer una fianza de 60.000 bolivianos al alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, para que se defienda en libertad por un proceso penal iniciado en su contra por uso indebido de bienes y servicios del Estado, durante un paro cívico organizado en noviembre de 2016 para la defensa de su gestión edilicia, informó el presidente del Concejo de ese municipio, Víctor Osinaga.

"Le ha dado medidas sustitutivas, entre ellas el pago de una fianza 60.000 bolivianos", indicó.

Recordó que la denuncia penal en ese caso fue planteada, el año pasado, por trabajadores del Sindicato de la Alcaldía de Quillacollo, bajo el argumento de que los querellantes fueron obligados a participar en los bloqueos de un paro cívico decretado para el 19 de octubre de 2016, por el Control Social local en defensa de la democracia y la gestión del burgomaestre.

Según Osinaga, la resolución judicial fue expresada en una audiencia de medidas cautelares, donde también se ordenó que Mérida esté arraigado y firme un libro de asistencia ante el Ministerio Público cada lunes.

Agregó que la decisión de la juez que ventila ese caso no significa que el Alcalde de Quillacollo deje de ser procesado por los hechos denunciados, que están enmarcados en la tipificación de uso indebido de bienes y servicios públicos.

"La jueza ha encontrado suficientes elementos de prueba para determinar que hay materia para que este proceso penal continúe. Aquello no ha podido ser desvirtuado", sostuvo.

Advirtió, sin embargo, que esa resolución será apelada, porque se considera que la autoridad judicial encargada del proceso "no hizo una valoración efectiva" del hecho, de que existe el peligro de que Mérida obstaculice la investigación del caso si se mantiene en su cargo.

Por su parte, Mérida expresó su contento por la resolución judicial y decidió levantar una huelga de hambre que sostuvo durante nueve días, a causa de que se declaró un perseguido político por 14 procesos penales instaurados en su contra, por presuntos hechos de corrupción perpetrados durante su gestión edilicia.

El Alcalde de Quillacollo cumple aún una detención domiciliaria que le fue fijada en un caso instaurado en su contra por la presunta falsificación de un certificado especial que acreditaba que cuenta con una libreta de servicio militar, para su postulación en los comicios sub nacionales de 2015.

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