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Oposición interpone acción de inconstitucionalidad ante el TC

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Redacción JORNADA
viernes 10, noviembre 2017

En la ciudad de Sucre ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, los opositores diputados Norma Piérola, Julio Costas y el exdiputado Mauricio Muñoz presentaron una acción de inconstitucionalidad abstracta y control de convencionalidad contra varios artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) y la disposición final primera de la Ley 004 "Marcelo Quiroga Santa Cruz", por ser disposiciones contrarias a las normas de la propia CPE, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADDHH) y del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que fue ratificado mediante Ley 1430, manifestó la diputada Norma Piérola.

Por su parte el exdiputado Mauricio Muñoz expresó que habiendo cumplido con los requisitos de admisibilidad previstos por el Código Procesal Constitucional identificamos las disposiciones Constitucionales y legales impugnadas que son las contenidas en el Art. 123 de la CPE respecto a la norma que prevé la "aplicación retroactiva de la Ley Penal en materia de corrupción", y en los Arts. 149, 167, 285.I.1) y 287.I.1) también de la CPE respecto al "requisito de permanencia permanente", exigido para las candidaturas a los cargos electivos. De igual manera impugnamos la disposición final primera de la Ley 004.

La norma establecida por el Art. 123 de la CPE, al prever la aplicación retroactiva de la Ley infringe el derecho al principio de legalidad penal e irretroactividad, consagrado por el Art. 9 de la CADDHH y el Art. 15 del PIDCP. Estos derechos se consagran en los siguientes términos: "Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos…" Art. 9 CADH, y "Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos…" Art. 15 PIDCP, además el Art. 116. III de la CPE, como parte de las garantías jurisdiccionales consagra el derecho al principio de legalidad penal e irretroactividad de la siguiente manera "Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible", aseveró la diputada Piérola.

Por otra parte y en relación a imponer la exigencia de residencia permanente como requisito para ser elegido, se vulnera el derecho político a ser elegible reconocido por el Art. 26 de la CPE y el Art. 23.2 de la CADDHH. Ahora bien contrastando dichas normas con los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, se tiene, que el referido requisito se constituye en una limitación al ejercicio del derecho político a ser elegido, imponiendo como requisito para la postulación de los cargos electivos el "residir de forma permanente en la circunscripción correspondiente, en el país o en el Departamento, Región o Municipio", que solo persigue una finalidad política de anular a los ciudadanos o ciudadanas de opinión o posición política contraria a la del gobierno de turno en esta caso específico al Gobierno del MAS, sostuvo Mauricio Muñoz.

Asimismo, el derecho al sufragio es entendido como la potestad que tienen todos los bolivianos a elegir y ser elegidos, es decir el sufragio activo y el sufragio pasivo, sin más requisito que la idoneidad, premisa que toma en cuenta la propia CPE en su Art. 27.I cuando establece ¨Las bolivianas y bolivianos residentes en el exterior tienen derecho a participar en elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado y a las demás señaladas por Ley", este derecho al sufragio de residentes bolivianos en el exterior, solo activa el sufragio activo, vale decir el derecho a elegir y les suprime el ejercicio del sufragio pasivo o el derecho a participar como elegido por la medida de restricción de la residencia, cercenando el derecho al sufragio", concluyó Muñoz.

La diputada Piérola enfatizó que se espera que el Tribunal Constitucional Plurinacional actué en derecho y admita la presente acción y posterior dictamen de sentencia declarando la inaplicabilidad de la norma prevista por el Art. 123 de la CPE que permite la aplicación retroactiva de la Ley Penal, al ser una norma manifiestamente inconvencional, asimismo declare la inaplicabilidad de los Arts. 149, 167, 285.I.1), 287.I.1) de la CPE, respecto al requisito de residir permanentemente en la circunscripción, el país, el Departamento o el Municipio para postular a los cargos de Diputados, Senadores, Presidente y Vicepresidente del Estado, Gobernadores, Asambleístas Departamentales, Alcaldes Municipales y Concejales Municipales.

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