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Los conflictos siguen mientras el Gobierno habla de normalidad
Las protestas se extendieron por Sucre, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí, entre otras ciudades, en contra del nuevo Código Penal promulgado recientemente por el Ejecutivo.

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La Paz, (EFE/Abi)
miércoles 10, enero 2018

JornadaNet
APG
Las principales ciudades de Bolivia, pese al fin de la larga huelga de médicos, vivieron ayer una jornada de protestas de distintos sectores en contra del Gobierno, que por su parte aseguró que el país mantiene una situación de normalidad.

Las protestas se extendieron por Sucre, capital del país; La Paz, sede del Gobierno y el Parlamento; Santa Cruz, centro económico; Cochabamba y Potosí, entre otras ciudades, en contra del nuevo Código Penal promulgado recientemente por el Ejecutivo de Evo Morales.

Sanitarios, transportistas, maestros y sindicatos obreros, además de la Iglesia católica, reclaman la derogación del código al considerar que criminaliza su actividad con penas incluso de cárcel por mala práctica profesional o proselitismo religioso.

Las movilizaciones incluyeron cortes de calles y carreteras, convocatorias de paros cívicos y huelgas de hambre como la protagonizada por varios parlamentarios opositores en la Asamblea Legislativa en La Paz.

La Conferencia Episcopal Boliviana, en un comunicado, denunció que el código está hecho "a la medida de los intereses del poder y no de los del pueblo. Atenta contra derechos humanos y ciudadanos fundamentales".

"Esas imposiciones unilaterales amenazan la convivencia pacífica", advirtió, para reclamar su derogación y que "se inicie un debate (...) con todos los sectores involucrados, sin caer una vez más en la acostumbrada y fácil acusación de tramas de conspiración y desestabilización contra el Gobierno".

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, declaró en rueda de prensa que las protestas "han fracasado" y "la situación en el país es de absoluta normalidad".

Romero afirmó que los bloqueos no afectaron a carreteras principales como las que comunican con países vecinos, ya que fueron "rápidamente" disueltos por la Policía, ni tuvieron incidencia los paros cívicos, seguidos solamente, según sus palabras, por dirigentes afines a la derecha opositora.

El ministro aseguró que la situación en la sanidad pública "se va normalizando", tras concluir ayer una huelga de 47 días al alcanzar un acuerdo las principales organizaciones médicas con el Gobierno, que decidió derogar el artículo del código que generó las movilizaciones de este colectivo.

Sin embargo, organizaciones de trabajadores sanitarios decidieron rechazar el acuerdo y continuar la protesta.

El Parlamento boliviano, donde tiene mayoría el Movimiento al Socialismo (MAS) que respalda a Morales, tiene previsto concluyó ayer el proceso para la derogación de ese artículo y de otro que rechazan los transportistas.

El nuevo código, aprobado el mes pasado para actualizar el que data de la década de 1970, prevé un periodo de transición de año y medio hasta su plena aplicación.

"Opositores mienten y pagan protestas"

Por su parte, el presidente Evo Morales aseguró ayer por la noche que opositores a su Gobierno mienten y pagan protestas contra el Código del Sistema Penal, como lo hicieron en varias oportunidades en el pasado.

"Incapaces de hacer propuestas, opositores mienten y pagan protestas. Mintieron el 21F y con devaluación de dólar; mintieron con Estado de sitio y la escasez de gasolina. Mienten contra el Código del Sistema Penal, pero con la verdad derrotaremos a esa derecha falsa y mentirosa", escribió Morales en su cuenta de Twitter @evoespueblo.

Morales expresó esa posición debido a que en los últimos días algunos sectores de oposición publicaron mediante redes sociales que su Gobierno decretaría un Estado de Sitio al no encontrar una solución al conflicto con los médicos de Bolivia, posibilidad que fue "rotundamente" descartada.

Asimismo, generaron en el país una "especulación" en sentido de que existiría desabastecimiento de carburantes por un paro del sector que transporta combustible a los surtidores en rechazo a la norma penal, aspecto que resultó una falsa alarma.

Finalmente sectores cívicos de dos departamentos convocaron a movilizaciones en busca de la abrogación del Código Penal.

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