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Magistrados rechazan denuncia de extorsión hecha por el Gobierno
Según la denuncia del Ministerio de Justicia, los tres consejeros de la Magistratura, Orlando Ríos Luna, Roxana Orellana y Emilio Oswaldo Patiño, a través de terceras personas contactaban a los jueces para pedirles montos de dinero para preservar sus cargos.

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La Paz, (EFE/JORNADA)
miércoles 2, agosto 2017

JornadaNet
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El Consejo de la Magistratura de Bolivia, a cargo del control disciplinario en los órganos judiciales, rechazó ayer la denuncia del Ministerio de Justicia de que tres de sus miembros están supuestamente implicados en extorsiones a jueces.

Después que el ministro de Justicia, Héctor Arce, los denunciara de corrupción y extorsión, los tres consejeros de la Magistratura, Orlando Ríos Luna, Roxana Orellana y Emilio Oswaldo Patiño negaron las acusaciones y aseguraron que no cometieron actos irregulares en su gestión.

"No se puede mellar la dignidad (del Consejo de la Magistratura) de manera apresurada y sin tener conocimiento de los hechos", dijo a los medios el presidente interino de la instancia judicial, Orlando Ríos, acusado de ese delito junto a dos de sus colegas.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, y su viceministro de Transparencia, Gonzalo Trigoso, fueron los que dieron a conocer la denuncia de extorsión contra los tres magistrados.

Según estas autoridades, "operadores" de los magistrados usan una lista de funcionarios observados en su desempeño (140 en el país) para hacer cobros de dinero, con sumar que llegarían a 50.000 dólares, a cambio de limpiar sus nombres de actos irregulares.

"Para nosotros esa lista es apócrifa y falsa, que no tiene validez de ninguna naturaleza", señaló Ríos a tiempo de asegurar que son los jueces con cuestionamientos los que desean permanecer arbitrariamente en sus cargos.

Ante una denuncia como planteada por Arce y Trigoso, la Constitución establece que los magistrados deben ser objeto de un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa.

El Parlamento, controlado mayoritariamente por el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), definirá su situación.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz (este), donde cursa la denuncia, informó de que ya se ha remitido el caso al Parlamento.

El viceministro Trigoso explicó que los consejeros se valían de terceras personas para contactar a los jueces y pedirles dinero para mantener sus puestos. Uno de los que oficiaba como medio de contacto sería Jorge Bohórquez, director nacional de Derechos Reales (DDRR), quien fue aprehendido y acusado de pertenecer a esta supuesta red de corrupción. Existiría una grabación que lo involucra directamente.

"Nos hablan de diferentes montos que van desde $us 5.000, $us 20.000 y hay alguien que habla de $us 50.000. Imagínense si un juez o un vocal pone en mesa $us 50.000 o $us 20.000 para quedarse en un cargo. ¿Es que lo va a recuperar? y ¿cuánto se va a recolectar sobre 160 nombres?", señaló Trigoso en una entrevista con la red ATB.

Según Ríos este problema surge para "desprestigiar la actuación del Consejo de la Magistratura".

La denuncia contra los miembros del Consejo de la Magistratura se suma a una secuencia de irregularidades, fallos erróneos y acusaciones de violación de derechos humanos en la Justicia, que reflejan la prolongada crisis institucional de ese poder.

Los graves problemas de la administración de la Justicia en Bolivia no son nuevos pero se han agravado al no haber funcionado las reformas aplicadas por el Gobierno de Evo Morales, como lo han reconocen las propias autoridades.

Los casos han despertado una mayor sensibilidad en la sociedad cuando el Parlamento está, en medio de enfrentamientos entre oficialistas y opositores, en un proceso de selección de candidatos a magistrados que deben ser sometidos a las urnas.

La población acudirá en diciembre a elegir a los nuevos altos miembros del Poder Judicial para sustituir a los elegidos en 2011 también con el voto popular y cuya actuación ha sido objeto de críticas.

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