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Destinarán recursos legales para seguimiento de fuga de capitales según Ley contra paraísos fiscales

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La Paz, (JORNADA)
lunes 2, octubre 2017

JornadaNet
APG
El presidente de la comisión mixta que investiga los ‘Papeles de Panamá’, Manuel Canelas, explicó que el proyecto de ley de lucha contra uso de paraísos fiscales prevé dotar de recursos legales a entidades correspondientes con el fin de realizar seguimiento a la fuga de capitales destinados para la creación de empresas “offshore”.

"(Lo que propone la norma) es dotar a tus instituciones de más recursos, de más claridad, de que no utilicen, digamos las normas algunas autoridades como excusa para no hacer las cosas, decir no es mi competencia", dijo en entrevista con medios estatales.

Bolivia cuenta con Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), entre otras, para realizar ese tipo de investigación.

Canelas explicó que Bolivia es un país con "presión fiscal relevante" por lo que urge contar con una norma que tenga la "rigidez y dureza" para hacer seguimiento de los negocios que hacen los empresarios privados y evitar la fuga de capitales nacionales a paraísos fiscales.

"La ley propone que el Estado boliviano mire también esa dimensión y la mire de manera más efectiva, que se desincentive el traslado de capitales a paraísos fiscales, que se tenga mayor claridad a la hora se sancionar, cuando se detecta que han utilizado eso para hacer una trampa", agregó.

Aclaró que "es legal" abrir una cuenta en el extranjero, pero se debe tener los mecanismos para establecer que esas transacciones se realizaron legalmente.

"Cuando te lo abres en las Islas Vírgenes, que sabes que no te van a preguntar nada, un Estado serio piensa que ahí puede haber algo chueco, entonces eso es lo que queremos hacer, que el Estado se ponga un poco al día y por otro lado, que la gente entienda que la existencia de los paraísos fiscales nos afecta a todos", complementó.

Caso Doria Medina-Chihuahua

Asimismo, Canelas señaló que no encontraron indicios imputables contra Samuel Doria Medina sobre la venta de acciones de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) a la firma mexicana Grupo Cementos de Chihuahua, el caso será remitido a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) para su investigación.

"Vamos a enviar ese informe no a la Fiscalía porque no encontramos indicios suficientes de delito, pero le enviamos el informe de Doria Medina a la UIF y al SIN (...) Con lo que tenemos ahora no hay como imputarle delitos a Samuel Doria Medina, eso también es verdad", añadió Canelas.

Complementó que existe un contrato firmado entre Doria Medina y la empresa mexicana donde aparecen los montos que se manejaron en la venta del 46,7% de las acciones de Soboce y dicho documento está en manos de la Autoridad de Empresas Bolivianas.

Añadió que la UIF y el SIN deberán solicitar el contrato donde se establece el monto real de la transacción que manejaron en el proceso de compra y venta del paquete accionario.

Recordó que Doria Medina sostiene que la venta se realizó por Bs 270 millones, mientras que los estados financieros de la empresa mexicana revelan que el trato fue por alrededor de Bs 526 millones. Para el MAS esto puede constituir en un acto de evasión de impuestos.

"Si el monto (en el contrato) se parece a lo que dicen los impuestos mexicanos y Vicepresidencia, Samuel Doria Medina tiene un problema (...) (porque eso) dice que mintió y debería haber pagado otros impuestos", afirmó.

Informe

La Comisión Especial Mixta que investiga los Papeles de Panamá, el sábado presentó su informe final sobre las personas y empresas que habrían evadido impuestos, ocultado ganancias y cometiendo delitos contra el Estado. Asimismo presentó el “Proyecto Ley de Lucha Contra el Uso de Paraísos Fiscales”, mismo que busca evitar que las personas pretendan cometer ilícitos que no solo provoquen daños a terceros, sino que también afecten a los intereses del Estado. Ambos fueron aprobados por unanimidad por la comisión y remitidos al Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para su tratamiento.

Dentro de las recomendaciones generales del informe, se pide proceder con el tratamiento del Proyecto de Ley de Lucha Contra el Uso de Paraísos Fiscales, para evitar que las personas pretendan cometer ilícitos que no solo provoquen daños a terceros, sino que también afecten a los intereses del Estado.

“La ley debe promover el ajuste normativo en diferentes ámbitos relacionados con el derecho societario, el control de las operaciones comerciales, la información transparente, la investigación corporativa y el régimen de sanciones administrativas, a nivel de la Unidad de Investigaciones Financieras, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas”, señala el documento.

El informe de la comisión señala también que fueron 360 empresas registradas en Bolivia y 198 personas naturales, sumando un total de 558 personas y empresas que fueron estudiadas, de estas 558 personas y empresas se organizaron en 76 casos de estudio. A la conclusión de la Comisión, se analizó el 22% de estos y el resto de los casos a investigar, serán remitidos a las instituciones pertinentes.

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