Editorial | Se renueva la especulación en productos alimenticios

jueves 09, septiembre 2010

Se renueva la especulación en productos alimenticios

martes 9, febrero 2010

La especulación es otro de los delitos contra el pueblo, especialmente cuando éste se lo comete en las circunstancias actuales, tiempo en el que predomina la falta de empleos y, por lo tanto, de ingresos dignos para las familias, además que muchos ciudadanos sufren no sólo las inclemencias de la época de lluvias, sino que, por efecto de éstas y de la imprevisión municipal, han perdido sus viviendas y sus enseres más elementales.

Antes de ahora, y aún sucede este fenómeno, al mercado se le atribuía el poder de ser el mejor asignador de recursos y el regulador de precios, aseveración que se fue cayendo por cuanto esa libertad, ha sido la compuerta para que se especule y se abuse, arguyendo que los ciudadanos se encontraban en libertad de escoger lo que querían comprar o no, sin tomarse en cuenta que la necesidad obliga a admitir la arbitrariedad.

En los últimos días se han incrementado los precios de la carne de pollo y también del azúcar, en una nueva escalada como la que aconteció recientemente, atribuyendo este fenómeno a la época pluvial y a las dificultades para el transporte de esos productos a los mercados de consumo, como es el caso de la ciudad de La Paz.

Nos parece que más son pretextos, de los que cada cierto tiempo se exponen, para esquilmar al pueblo, como se lo ha hecho siempre, bajo la premisa de la libertad de mercado, sin el menor control de las autoridades municipales, que son las encargadas de combatir a la especulación, las mismas que nunca han regulado y controlado ese delito en forma efectiva.

Con esas acciones se incrementa la inflación, ya que, al subir el precio de algunos productos esenciales para la canasta familiar, se contribuye a que también suceda lo mismo con otros, incluyendo el transporte, en una cadena que atenta contra las previsiones gubernamentales y los mismos aumentos salariales, que no podrán paliar el déficit familiar.

En la nueva política económica, es el Estado ahora el regulador de precios, por lo que los encargados de la administración central, junto a las autoridades locales, están obligados a comprobar la veracidad de los argumentos empresariales o de los intermediarios, estableciendo precios fijos y obligatorios, con las sanciones respectivas en caso de infracciones, que son comunes en nuestro medio.

Así como se ha decidido combatir frontalmente contra la corrupción en las entidades públicas, así debe enfrentarse el tema de la especulación, con la fuerza que dan las Leyes y, en su caso, si la producción no es la suficiente como para abastecer el mercado interno, abrir las puertas para la importación de los productos en cuestión.