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Martes 22, julio 2014
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Nueva Ley de seguridad ciudadana

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Guido Pizarroso Durán
jueves 25, febrero 2010

El Gobierno está impulsando medidas legales más rígidas para combatir la delincuencia y apoyar los programas de seguridad ciudadana. La ola de atracos, robos, asesinatos y otros delitos, que van en permanente ascenso, obligan a la adopción de medidas urgentes de seguridad, ya que hasta ahora la ciudadanía ha sido abandonada a su suerte, mientras todo el esfuerzo de los poderes estatales ha sido dedicado a la política y los procesos electorales.

Las ciudades más acosadas por los antisociales son La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, que sufren un estado de alerta permanente y el miedo, que se evidencia en las conversaciones en trufis, radiotaxis, microbuses o buses, donde gran parte del uso que los pasajeros dan a sus celulares es para comunicar a sus familiares donde se encuentran y preguntar si están bien.

La indefensión de la ciudadanía ha llegado a un extremo que rebasa todo límite de tolerancia y exige la acción urgente del gobierno, la Asamblea Legislativa, los expertos, la Policía, la ciudadanía y, si es necesario, las Fuerzas Armadas. Una de las últimas iniciativas es un proyecto de Ley Rápida de Seguridad Ciudadana, que modificará el Código Penal y de Procedimiento, para endurecer las penas a los antisociales, además de aplicar sanciones a Jueces y Fiscales que ordenen la libertad condicional de los delincuentes reincidentes.

La legislación en vigencia tiene vacíos sensibles y no incluye los procedimientos que deben aplicarse con los reincidentes y tampoco tipifica la alta peligrosidad. La policía permanentemente se queja de la facilidad con la que los malhechores salen de las cárceles para reincidir. Por su parte los fiscales y jueces observan que el trabajo policial es deficiente en la aportación de pruebas y elementos de convicción para juzgar.

Existen casos increíbles, como el de sujetos sometidos a arresto domiciliario fueron sorprendidos trasladando objetos robados en unos casos y en otros fueron arrestados al cometer otros delitos. En Santa Cruz de la Sierra, un ex reo de Palmasola, protagonizó un tiroteo con efectivos de Radio Patrullas 110, con un saldo de un policía, un taxista y el mismo delincuente heridos de bala.

En Santa Cruz, en las últimas horas se han producido al menos siete atracos, algunos con personas heridas de gravedad, perpetrados a plena luz del día por delincuentes avezados, como los que fueron filmados por cámaras de vigilancia de un domicilio en un intento fallido de asaltar a una mujer. Este hecho ocurrió el lunes pasado en el barrio Las Palmas, donde, a través de un video, se ve a una mujer que, desesperadamente, logra entrar y cerrar la puerta antes de que un delincuente armado la intercepte. El ladrón se fue maldiciendo y subió a una vagoneta, cuyo conductor arrancó en presencia de un guardia de seguridad, que evitó intervenir por temor a resultar herido por el antisocial armado.

La inseguridad ciudadana no es un problema exclusivo de Bolivia. En mayor o menor grado todas las grandes urbes tienen estos problemas y la experiencia ha aportado una serie de iniciativas que permiten un mejor control. De acuerdo a la idiosincrasia de cada sociedad surgen fórmulas para combatir la delincuencia, pero hay medidas que se acomodan en forma universal.

Por ejemplo, muchos países efectúan como prioridad la recaptura de los delincuentes reincidentes que están en libertad condicional o son prófugos. Estadísticas internacionales señalan que un 40% de los delitos son cometidos por el 10% de los delincuentes. Desde luego, surge la pregunta de por qué están en libertad individuos como éstos, que delinquen en forma habitual. Pero tanto si se debe a falencias del sistema de justicia, ineficiencia policial o dificultad material para capturar a delincuentes avezados, es necesario hacer algo, y la nueva ley de seguridad debiera prever acciones dirigidas a priorizar el encarcelamiento del frondoso listado del prontuario delictivo.

Es necesario modernizara a la policía con tecnología de punta y medios suficientes, pero además, es imprescindible incrementar el número de efectivos y depurar la actual estructura de la Policía Nacional, que ha demostrado debilidades éticas entre muchos de sus miembros, y su estructura ha evidenciado ser demasiado permeable a la ilegalidad.

En algunos países como Chile, Perú y Colombia, se han aplicado iniciativas para crear una red de miles de ciudadanos que actúan como "cooperantes", vigilando, informando, fotografiando, filmando sospechosos y denunciando ante las autoridades a sospechosos o posibles delincuentes. En otras ciudades se ha dado un mayor protagonismo a los alcaldes en la lucha contra la delincuencia con resultados positivos.

La Asamblea Legislativa tiene que aportar iniciativas para que la nueva ley no sea un simple remiendo, sino un verdadero aporte a la seguridad de los ciudadanos. Quienes han estudiado el tema de delincuencia saben que un antisocial no tiene una visión a largo plazo, para delinquir sólo evalúa el riesgo de ser detenido, no el número de años en la cárcel. Por esto llama la atención que quienes han presentado el proyecto original simplemente buscan endurecer las penas. Da la impresión de que se apela al fácil recurso de prometer mano dura antes que hacer los cambios de fondo que se necesitan para prevenir y combatir de manera más eficiente el delito.

En algunos países, como México, durante los últimos 10 años, los legisladores han subido las penas de forma drástica, como una respuesta al enojo social y la creciente ola de violencia. Sin embargo, los delitos en lugar de bajar suben y la inseguridad es mayor. Eso demuestra que anunciar más o menos años de cárcel para los delincuentes no es una solución y no siquiera desalienta a los delincuentes. El tema radica en ser efectivos a hora de actuar para capturar y mantenerlos fuera de acción.

Opinión
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