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Domingo 23, noviembre 2014
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La nueva Ley General del Trabajo

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viernes 2, abril 2010

El Gobierno tiene una deuda social que cumplir que hasta el momento se mantiene en expectativa de los movimientos sociales y la clase trabajadora en general, que permanece postergada por décadas, al extremo de que cientos de miles de ciudadanos, al perder la esperanza, se fueron del país en busca de oportunidades en otras latitudes. El Gobierno ha intentado paliar algunas de las principales carencias, con algunas medidas de emergencia, como los bonos para las madres, niños y para la gente de la tercera edad.

Pero se trata de paliativos que no alcanzan para solucionar los problemas de fondo que tienen que ver con la pobreza, con el desempleo, con la carencia de un sistema de seguridad social acorde a las necesidades y con una Ley de Pensiones que mantiene la injusticia perpetrada durante el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Inclusive en las medidas dirigidas supuestamente a proteger a los trabajadores, se han planteado distorsiones, que han motivado el rechazo de las organizaciones laborales. Ese es el caso del proyecto de nuevo Código de Trabajo, que es resistido por los dirigentes laborales.

La única coincidencia sobre el tema se centra en reconocer que Ley General del Trabajo es obsoleta y se necesita un nuevo instrumento legal acorde a los avances sociales, que incorpore los nuevos principios incluidos en la Constitución Política del Estado, y las conquistas sociales que nacen de las luchas obreras y su reconocimiento por la ONU y su brazo social-empresarial que es la Organización Internacional del Trabajo OIT.

Las críticas al proyecto de nuevo Código laboral fueron expresadas por varios sectores. Inicialmente la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, la Confederación de Maestros y la Federación Nacional de Trabajadores en Seguridad Social. Entre las observaciones de estos sectores, se puntualiza, entre otros temas, que el proyecto "refleja un irrespeto de principios propios del Derecho del Trabajo", asume "el contenido más desfavorable para trabajadores y trabajadoras en relación a los días de vacación", "distorsiona la realidad cuando confunde el Bono de Producción (...) confunde el salario dominical (...) como si fuera un pago inherente".?A estas críticas se suma ahora un pronunciamiento de delegados de más de una veintena de organizaciones laborales, que debatieron el proyecto en la Plataforma por el Derecho del Trabajo (PDT), coordinada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Participaron trabajadores fabriles, mineros, asalariados del campo, de educación, salud y servicios públicos, y otros, que expresaron su desacuerdo con el Anteproyecto del Código del Trabajo propuesto por el gobierno.

Después de más de 60 años el Gobierno intenta aprobar una nueva norma laboral que sustituya a la Ley General del Trabajo vigente, adecuándola a la Constitución Política del Estado actual. El Ministerio de Trabajo, se propone entregar el proyecto "consensuado" el 13 de abril al Poder Ejecutivo, para que el 1º de mayo, sea enviado a la Asamblea Legislativa para su tratamiento y posterior aprobación.

Los trabajadores observaron el papel de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana en el proceso de socialización y consenso del anteproyecto gubernamental, argumentando que "no es posible que la COB admita la aprobación de este documento, porque no es de conocimiento de los trabajadores (...) no hemos sido convocados a un solo ampliado para debatir, no solo ésta, sino otras leyes que el gobierno está aprobando", denunció José Luis Delgado, representante de los trabajadores en Salud Pública.

Recordemos que los dirigentes de la COB están trabajando al lado del gobierno, bajo la mirada inquieta de la clase laboral, toda vez que el comité ejecutivo del máximo organismo laboral del país, está ejerciendo ilegalmente su función al haber concluido su mandato hace más de tres años, y hasta ahora no se ha convocado al congreso nacional para renovar los cuadros dirigentes.

La Plataforma por el Derecho al Trabajo, resume la perspectiva de los trabajadores en el sentido de que una nueva norma debe superar las limitaciones históricas, exclusiones, discriminaciones y otros problemas establecidos en la legislación en actual vigencia, en la perspectiva de fortalecer el ejercicio pleno de los derechos laborales –individuales y colectivos– de todos los trabajadores asalariados, sin exclusión alguna. De manera unánime, manifestaron que todos los trabajadores del sector público, de las micro y pequeñas empresas, del campo y de otras formas de trabajo, deben ser protegidos en la nueva ley.

Asimismo, se planteó la necesidad de recuperar los principios del Derecho del Trabajo para avanzar en la consolidación de los derechos adquiridos e incorporar otros derechos fundamentales para todos los trabajadores asalariados.

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