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Jueves 27, noviembre 2014
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El asilo y el refugio político

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martes 12, junio 2012

Bolivia alberga a más de 500 refugiados políticos provenientes de once países, en una tradición de solidaridad, que se genera desde que el país recuperó la democracia hace 30 años. Recordemos que en el pasado, miles de ciudadanos bolivianos se vieron forzados a pedir asilo en casi todos los países vecinos y de otras latitudes, ante la falta de garantías y debido a los riesgos, hasta para la vida, de políticos y ciudadanos que eran considerados indeseables por los regímenes dictatoriales.

Nuestro país ha vivido casi tres décadas sin sobresaltos de golpes de Estado ni persecuciones políticas, aunque en los últimos años se ha dado una figura cuestionable de persecución político-judicial. Según el gobierno no hay perseguidos políticos y en criterio de la oposición existen unos 300 bolivianos refugiados en el exterior, especialmente en Brasil, Perú, Paraguay y EE.UU., y decenas de casos de acoso político.

El asilo político es el derecho que tiene una persona a no ser extraditado de un país a otro que lo requiere para juzgarle por delitos políticos. Cuando el asilo político se concede a personas que se encuentran en lugares que por las convenciones diplomáticas se consideran una extensión del territorio nacional, tales como la sede de embajadas o consulados, la residencia del embajador o los buques de guerra anclados en puertos extranjeros, se lo denomina asilo diplomático. En algunos países, los templos religiosos también son respetados como centros de asilo, como extensión del territorio del Vaticano.

La institución del asilo tiene una larga trayectoria histórica. Surgió como un asilo de carácter religioso, que amparaba a los delincuentes comunes. Luego se limitó a políticos perseguidos por sus ideas. Con la tesis de extraterritorialidad de las Embajadas y Legaciones se consolidó el asilo.

Hoy, el asilo y el refugio han cobrado actualidad por una serie de connotaciones, entre ellas, la decisión de Brasil de otorgar asilo político al senador Roger Pinto, hecho que provocó que la Ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, anunciara su desistimiento de continuar un proceso por desacato en contra del legislador. Además, adelantó que el Ejecutivo analizará un replanteamiento de la figura de desacato que todavía rige en el Código Penal. La mayoría de los países de continente han eliminado esa figura que viola principios elementales de los derechos humanos. Mediante ese recurso se ha logrado destituir de sus cargos a gobernadores, concejales y alcaldes de la oposición. Pese a esas evidencias, los funcionarios de gobierno aún alegan que no existe persecución política en Bolivia.

Así como nuestro país recibe refugiados, también debe respetar la voluntad de quienes se sienten perseguidos, especialmente por la pérdida de independencia del poder judicial. Pero es necesario aclarar que una cosa es respetar, ampliar y fortalecer la condición de refugiado político o de asilo, y otra la de permitir que un país se convierta en espacio de protección de la impunidad. El gobierno ha protestado por el refugio que ofrecen EE.UU. Perú y Paraguay a opositores bolivianos sobre los que pesan cargos graves. Pero al mismo tiempo, ha amparado a extranjeros que tenían cuentas pendientes con la justicia en sus respectivos países.

Perú se ha cansado de gestiona la extradición de un ciudadano peruano a quien la justicia del vecino país sigue un proceso por extorsión, y que inclusive fue asesor de Evo Morales. Otro caso concreto fue el de dos ciudadanos paraguayos que eran buscados por la INTERPOL, sindicados del secuestro y asesinato de la hija del ex presidente de Paraguay, Raúl Cubas. La Fiscalía General de la República, en ese momento, señaló que la resolución de conceder el estatus de refugiados políticos a ambos sindicados, era ilógica y promovía la impunidad. Pese a todo, la Cancillería se apoyó en el Consejo Nacional de Refugiados (Conare), para darles protección y asilo, en una decisión que fue criticada debido a que creó un funesto antecedente. Finalmente, los sindicados se escurrieron, pese a la supuesta "vigilancia" y nada se sabe de ellos hasta el momento.

Estos antecedentes sin duda perjudican no solamente las relaciones entre Bolivia, Paraguay, Perú, y ahora Brasil, sino también las gestiones para la extradición de Sánchez de Lozada, cuyo principal argumento para no presentarse, es precisamente la presunción de que no existen condiciones para un debido proceso.

Los países que han concedido asilo a políticos bolivianos, lo han hecho considerando todos estos antecedentes, y especialmente, la falta de garantías en un Órgano Judicial que carece de independencia y que opera con magistrados escogidos por el oficialismo y que perdieron en unas elecciones en las que el pueblo, ante la ausencia de alternativas, prefirió votar blanco o nulo, mayoritariamente, como repudio a la maquinación política de la justicia.

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