JORNADA
Miércoles 29, marzo 2017
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Abrir el grifo sin miedo

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José María Gómez Vallejo
jueves 5, enero 2017

Ducharse, fregar los platos, o llenar un vaso para beber, son acciones cotidianas en nuestra vida, pero la realidad es que cada vez es más frecuente que muchas personas no puedan permitirse abrir el grifo de sus hogares. Esta preocupación desaparecerá para casi cuarenta mil pensionistas españoles, que abonarán sólo cuatro euros por el consumo de agua al mes.

La falta de recursos económicos hace que un bien fundamental como el agua sea más restringido cada día. Para solventar este problema, la Comunidad de Madrid impulsará una tarifa social con la que miles de familias pagarán una cifra simbólica por un consumo de cuatrocientos litros. Esta subvención beneficiará a los perceptores de pensiones no contributivas. Aquellos que, por cualquier motivo, no han cotizado a la Seguridad Social los años suficientes para percibir una prestación económica por jubilación o invalidez a nivel contributivo. Son personas mayores de sesenta y cinco años, que por su situación, son más frágiles que el resto. Los pensionistas se suman a los treinta mil ciudadanos que por la falta de recursos necesarios, ya disfrutaban de esta tarifa social, y que recibían además, una Renta Mínima de Inserción para satisfacer sus necesidades básicas.

El Canal de Isabel II, es la empresa pública que gestiona y administra los recursos hídricos en la mayor parte de la Comunidad de Madrid. Invertirá el próximo año casi doscientos millones de euros en ampliar el sistema de abastecimiento, las estaciones depuradoras de aguas residuales y las plantas potabilizadoras. Además de subir en más de un doscientos treinta por ciento el gasto en I+D+I. La voluntad política y no la búsqueda del mero beneficio económico es vital para la mejoría del servicio de un bien básico como el agua.

El gobierno autonómico del Partido Popular (PP), además de extender la tarifa social, congelará en 2017 el precio del agua. Sin embargo, los madrileños pagarán un siete por ciento más que en 2011 debido a las subidas realizadas en la anterior legislatura, también del PP.

Otro problema que se suma al incremento del precio es que en España el importe del agua varía según la ciudad, hasta un trescientos cincuenta por ciento. Lo que supone una diferencia de más de cuatrocientos euros anuales, según un estudio de FACUA. Esta organización no gubernamental española reclama unos precios más equitativos además de un sistema progresivo de tarificación, que refleje mejor el consumo de los hogares por número de habitantes. De esta forma se penalizará de una manera más efectiva y justa e consumo excesivo, lo que repercutirá en un mayor ahorro.

El agua es un recurso esencial para la vida. Estipular precios razonables, y garantizar su uso sostenible y eficiente, junto con una regulación que garantice su suministro frente al corte o suspensión del servicio, es vital para defender el acceso a todas las personas, sobre todo a las más vulnerables.

Opinión
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