JORNADA
Miércoles 29, marzo 2017
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Se debilitan los Derechos Humanos

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Guido Pizarroso Durán
martes 10, enero 2017

Los avances y retrocesos en materia de Derechos Humanos en América Latina tienen importantes matices y grandes desafíos pendientes en relación a la justicia social y el desarrollo humano sostenible. 2017 ha recibido de la anterior gestión una comunidad internacional en la que se enquistaron profundas desigualdades sociales, acceso limitado a oportunidades educativas, salud pública precaria, cuestiones de frontera y situaciones migratorias indefinidas; violencia institucionalizada, explotación excesiva de los recursos naturales, falta de transparencia y abusos de poder que se traducen en violaciones a las normas legales para vulnerar la democracia.

Una de las acciones de mayor trascendencia que este año busca ampliar su ámbito es el de potenciar la labor de los activistas de la defesa de los DD.HH., para lo cual se están creando nuevas instituciones de apoyo que buscarán el esclarecimiento de hechos, lograr transparencia y buscar la verdad. A fin de fomentar estos esfuerzos, la ONU presta apoyo a misiones especiales, comisiones de investigación de la verdad, y procesos de examen, que documenten las violaciones de los derechos humanos y formulen recomendaciones para garantizar la rendición de cuentas, la reconciliación y otras reformas.

La democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión, que son parte de las prerrogativas y garantías ciudadanas fundamentales, están sufriendo duros golpes lo mismo que la institucionalidad y la independencia judicial. La defensa de la legalidad es cada vez más reprimida, y esta es una desgracia que sufre Bolivia así como varios otros países de la región. Conformarse simplemente con deplorar esta situación y hacer nada, es lo mismo que admitir que algo de verdad tendrán los refranes que señalan que "dos en apuros hacen que la pena sea menor", "mal para muchos, beneficio para pocos", o "mal de muchos consuelo de tontos", frases usadas, generalmente, para minimizar los errores o malas experiencias propias.

La Constitución Política del Estado y las leyes garantizan el pleno goce de las libertades y garantías pero los ciudadanos quedan indefensos al no poder acudir a mecanismos idóneos para que se garantice el ejercicio pleno de sus derechos. Este no es un asunto exclusivo de nuestro país, se trata de una situación que afecta a varias naciones.

Recordemos que Amnistía Internacional, en su último informe de evaluación, señala que a pesar de que la mayoría de los Estados respaldaban y habían ratificado las normas y tratados internacionales de derechos humanos, "los derechos prometidos seguían siendo papel mojado para millones de personas, lo que confirmaba la tendencia regresiva en materia de derechos humanos de los últimos dos años".

De acuerdo a la organización, la combinación de discriminación, violencia, inseguridad, pobreza y falta de garantías judiciales para las víctimas de violaciones de derechos humanos, amenazan la protección de las libertades fundamentales en la región, poniendo de relieve "la magnitud de la crisis de derechos humanos" a la que se enfrenta América Latina, sobre todo, por la ineficiencia de los Estados.

Lamentablemente, existen pocas esperanzas porque 2017 fuese el inicio de un mayor respeto por las conquistas sociales y por la Carta de los Derechos Humanos. En el caso de nuestro país la situación es preocupante. Recordemos que el nuevo defensor del Pueblo se identificó como proclive al gobierno y postuló la defensa del Estado, cuando su misión debería ser otra y su vocación natural velar por los derechos de los ciudadanos.

El último informe de la Defensoría del Pueblo, emitido por los anteriores responsables, advertía de un debilitamiento progresivo de la calidad de la democracia en Bolivia y de las instituciones fundamentales del Estado. Atribuía esta situación "al desmedido afán de control de parte del Órgano Ejecutivo y a un sistemático crecimiento de la corrupción que ha permeado a una parte de la institucionalidad de manera incontrolable". Asimismo señalaba que se han impuesto mecanismos de control sobre las organizaciones sociales, "cuyas dirigencias responden también a la actual gestión política, y han abandonado toda forma de lucha por los derechos de los sectores".

También hizo referencia al acoso del Gobierno a las organizaciones no gubernamentales (ONG), señalando que "han sido afectadas a través de leyes y decretos que, vulnerando derechos a la libertad de asociación y de expresión, les obligan a adscribirse a la línea de opinión y los dictámenes del Gobierno". "Estos mecanismos, junto a una sobrerreacción sistemática de algunas autoridades y presión ejercida contra medios de comunicación o periodistas que cuestionan decisiones o medidas que se toman desde el Gobierno central, están generando un debilitamiento progresivo y sistemático de la calidad de la democracia", según el informe.

En realidad varios son los países que sufren limitaciones a los derechos, libertades y garantías ciudadanas. La conculcación de derechos y atropellos a las normas constitucionales en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y otros países debería servir de alerta para una toma de conciencia sobre lo que ocurre en nuestro país.

Opinión
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