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Viernes 17, noviembre 2017
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Retornan conflictos sociales

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miércoles 15, marzo 2017

Movilizaciones y protestas nuevamente se desataron en el país y existen advertencias y riesgos de que se acentúen, de no mediar una decidida acción del Gobierno y las instituciones mediadoras para encontrar salidas negociadas que devuelvan tranquilidad y certidumbre. Bolivia se ve sacudida constantemente por conflictos sociales, políticos y de necesidades insatisfechas, que algunas veces derivan en tragedias. Ojala, la experiencia del año pasado, que dejó varios muertos, motive a las autoridades a activar los mecanismos de prevención que eviten desenlaces en los que el conflicto haga crisis.

Recordemos que el año 2016 el país se vio sacudido por una serie conflictos que no merecieron atención oportuna, contrariamente, se lanzaron amenazas y provocaciones que atizaron reacciones violentas, como el movimiento de los fabriles que defendía sus fuentes de trabajo, los jubilados que demandaron mejor atención, personas con discapacidad que cercaron la plaza Murillo y fueron reprimidos con una violencia inhumana. Los trabajadores de salud y los transportistas también se movilizaron. Pero el sector que generó el mayor conflicto fue el de las cooperativas mineras que derivó en la muerte de cinco personas, incluyendo un Viceministro.

La Defensoría del Pueblo cumple y debe cumplir una saludable acción mediadora, pese a la reticencia del Gobierno, para encontrar soluciones a los problemas políticos y sociales.

Probablemente uno de los conflictos más delicados sea el reclamo de Chuquisaca que reivindica una serie de demandas regionales, entre ellas, compartir con Santa Cruz el campo de hidrocarburos Incahuasi. Se anunció un paro cívico que impulsa el Comité Cívico, en protesta por la inasistencia de cuatro ministros a una reunión en Sucre, donde debían responder a varias demandas.

Los maestros están movilizados e iniciaron una marcha hacia la ciudad de La Paz demandando que el Gobierno respete la Constitución Política del Estado y dé atención al sector de educación. Mientras tanto, el sector "bagallero" (transportadores de mercadería) de Pocitos, está bloqueando el puente internacional que une Bolivia con Argentina, en protesta porque que se les exige pago de impuestos. Los "internadores" de mercadería –para las autoridades, contrabandistas-, aseguran que el régimen general promueve mayor fuente de trabajo para ellos, por lo que se ven perjudicados ante la nueva medida dictada en la presente gestión, por la que deben pagar impuestos.

Uno de los conflictos más antiguos ha cumplido 5 años, ya que se inició el 13 de marzo de 2012, cuando las víctimas de las dictaduras iniciaron su demanda para exigir que el Gobierno cumpla la Resolución de las Naciones Unidas 60/147, que obliga a los Estados a reparar los daños ocasionados por los regímenes de fuerza. Piden la constitución de la Comisión de la Verdad y la participación de sus miembros en ella; la desclasificación de los archivos de las dictaduras que tienen las FFAA, revisión de los expedientes de víctimas, y la convocatoria para presentar nuevos expedientes para quienes no lo hicieron oportunamente.

Vecinos de Achacachi, bloquean los principales accesos a esta localidad en demanda de la renuncia del alcalde Édgar Ramos, quien desde febrero pasado se encuentra en la clandestinidad después de tres días de enfrentamientos entre vecinos y miembros de los Ponchos Rojos. Hay muchos otros conflictos pendientes de solución, como los problemas de límites entre provincias y departamentos, o la demanda de aumento salarial de la COB.

Todos estos problemas en ciernes pueden ser resueltos con voluntad política de por medio, pero si se impone la soberbia, el resultado puede ser otra vez de violencia y dolor. Estudios de organizaciones sociales y de investigación ya han advertido que todavía los sistemas y mecanismos de prevención del Estado, a pesar de haber mejorado, no logran prevenir la escalada de violencia ni encontrar soluciones a través del diálogo.

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