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Jueves 20, julio 2017
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Impugnarán Ley de Sustancias Controladas

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viernes 17, marzo 2017

Diversas organizaciones, parlamentarios de oposición, analistas políticos, constitucionalistas y transportistas, observan la ley de Sustancias Controladas que aprobó la Asamblea Legislativa, y se anunció que se impugnará la norma por contener artículos que ponen en riesgo el principio de que todo ciudadano es inocente hasta que se compruebe lo contrario, además de vulnerar la constitución política que protege la propiedad privada. Los transportistas iniciaron movilizaciones denunciando que la nueva ley abre puertas a confiscaciones injustificadas de la propiedad privada, entre ellos vehículos de transporte público.

En los hechos, lo que el oficialismo está haciendo es reponer el proyecto de extinción de dominio de bienes, que fue declarado inconstitucional el año 2013 y que ahora se busca aplicar mediante la Ley de Sustancias Controladas. Recordemos que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales seis artículos del proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en Favor del Estado. El proyecto fue frenado por acciones legales interpuestas por la oposición, instituciones de la sociedad civil y organizaciones sociales. Inclusive el gobierno promovió una reunión internacional para demostrar que otros países ya aplican esta figura punitiva. Pero para sorpresa del gobierno, el evento demostró que la extinción del dominio propietario solamente se aplica por la vía judicial, y no como una medida administrativa como pretendía el proyecto original.

Con la nueva ley, la posibilidad de incautación de bienes alcanza a todo bien que sea producto de actividades de narcotráfico, sin que sea necesario que el titular del bien (propietario), haya participado directa o indirectamente en la actividad ilícita. Inclusive serán afectados los vehículos de transporte público en los que se lleven los pasajeros con sustancias ilícitas, encomiendas o carga de terceros.

Normas de esta naturaleza se constituyen en instrumentos políticos, más aun cuando la justicia está en poder de un partido. Por lo tanto se trata de un mecanismo administrativo que viola la Constitución, y no garantiza el Debido Proceso, que conforme el Art. 8 del Pacto de San José (ratificado por Ley Nº 1430 de 11/02/1993), debe entenderse como el derecho que tiene toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier proceso penal formulado contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, fiscal o de cualquier otro carácter, como explica en un anterior artículo, el jurista Boris Bernal Mansilla.

La Constitución Política de Estado, en su Art. 115, determina que el Estado, debe garantizar el derecho al debido proceso. Asimismo, el Art. 120 de la CPE establece que "Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa".

El artículo 70 de la nueva ley señala que la pérdida de dominio es jurisdiccional, especial e independiente de cualquier otra acción judicial o administrativa. Es imprescriptible y se ejercerá en base a leyes nacionales y tratado internacionales. Señala también que "para iniciar la acción de pérdida de dominio en favor del Estado, de bienes obtenidos, provenientes o vinculados con delitos de sustancias controladas, no es necesario que el titular del derecho, poseedor o tenedor del bien, haya participado en la actividad ilícita que compromete los bienes, salvándose los bienes adquiridos de buena fe". La norma prevé que ni la muerte del titular o de la persona que haya sido beneficiada o lucrado con bienes de procedencia ilícita o vinculada al tráfico de sustancias controladas, extingue la acción de pérdida de dominio a favor del estado.

Es necesario aclarar que toda acción del gobierno que busque luchar contra el narcotráfico, tiene que merecer el apoyo ciudadano, pero muchas veces los proyectos o ideas equivocan el camino, ya sea por celo funcionario o desviaciones conceptuales. Rectificar acciones, proyectos o ideas, para lograr una mejor concepción, comprensión, aceptación y aplicación, es un camino que debe ser seguido por todo gobierno que escucha a la ciudadanía.

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