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Domingo 25, junio 2017
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Impunidad para corruptos y corruptores

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lunes 17, abril 2017

Para la adjudicación de toda obra, por más pequeña que fuese, deben respetarse las normas legales, y además, como señal de responsabilidad funcionaria, deberían tomarse precauciones sobre la capacidad de cumplimiento de parte de la empresa adjudicataria, más aun cuando se trata de obras millonarias. Conocer los antecedentes de un proponente debería ser algo elemental, pero parece que en nuestro país se hacen adjudicaciones pensando en otros intereses totalmente ajenos a la calidad, garantía de cumplimiento, solvencia e idoneidad que serían requisitos elementales. Lo peor es que cuando se produce un desenlace desafortunado, como en muchísimos proyectos ejecutados en los últimos tiempos, las autoridades salen a dar explicaciones sorprendentes, defendiendo a quien incumple o estafa.

Las permanentes denuncias de irregularidades en el cumplimiento de contratos, la forma como se eluden la normas legales, las adjudicaciones mediante procedimientos excepcionales, los perjuicios que sufre el Estado y las instituciones, y la impunidad tanto de funcionarios irresponsables y autoridades incompetentes, hacen que las posibilidades de que las mejores empresas, poseedoras de jerarquía tecnológica, solidez económica y confiabilidad eviten terciar en un ambiente de dudosa calidad ética.

No otra cosa significa la lamentable imagen de nuestro país emergente de los indicadores de percepción de la corrupción que colocan a Bolivia en los lugares menos honrosos. El último informe ubica al país en el puesto 113 de 176 Estados evaluados por la ONG Transparencia Internacional (TI). Lo peor es que mientras en Bolivia cada vez se hacen más permisibles las irregularidades y más permeables las condiciones y exigencias para contrataciones, en el mundo existen rigurosas regulaciones sobre prevención de sobornos y medidas contra la corrupción, que dan pautas cada vez más certeras para garantizar los negocios, investigar y conocer a todos los agentes, consultores, distribuidores y proveedores con los que se pueden efectuar contratos. Inclusive hay empresas especializadas que utilizan herramientas analíticas comprobadas, y servicio de información de inteligencia para tomar mejores decisiones y ayudar en la prevención de soborno y corrupción, existen, además, plataformas de gestión de riesgo con listados de empresas.

Pese a ello en nuestro país se han contratado muchas veces a empresas que tenían dudosos antecedentes. Este parece ser el caso de una empresa española que se encuentra en difícil situación y sin embargo se le adjudicó millonarios proyectos en Bolivia. Recordemos que la empresa española Corsán-Corviam abandonó dos proyectos que se había adjudicado con el Gobierno boliviano: la construcción de la vía San Buenaventura-Ixiamas y la implementación del proyecto hidroeléctrico Miguillas, en el departamento de La Paz, ambas por un total de 534 millones de dólares. El periódico El Mundo de Madrid, publicó un reportaje señalando que Isolux Corsán -casa matriz de Corsán-Corviam- urdió una trama para conseguir adjudicaciones públicas en diversos países de África y Sudamérica a cambio de sobornos a cargos públicos locales. El gigante español de la construcción e ingeniería de grandes infraestructuras tiene denuncias en por lo menos 13 países.

La versión señala que las prácticas de corrupción internacional de la transnacional incluían la entrega de dádivas y sobornos a funcionarios públicos con el fin de comprar información de los procesos de contratación para adjudicarse obras. Sin duda hay muy malas señales sobre la forma como se efectúan algunas contrataciones de millonarios proyectos, que más allá de reflejar una mayor percepción de la corrupción, generan indignación ciudadana frente a la sospecha de ilegalidades, y sensación de impunidad para corruptos y corruptores.

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