JORNADA
Miércoles 24, mayo 2017
Loading
Espacios sin ley ni orden

Imprimir Enviar
jueves 20, abril 2017

Eludir responsabilidades, trasladar funciones para que otros las desarrollen porque se sienten incapaces de hacerlas respetar; evitar el cumplimiento de las normas legales para no disgustar a grupos sociales numerosos, dejar que las ilegalidades crezcan evitando imponer la ley por compromisos con algunos sectores afines. Estas y otras realidades han quedado marcadas en la política de la actual administración que, por compromisos partidarios y su afán permanente de campaña electoral, ha evadido los deberes inherentes al ejercicio de autoridad, dejando graves estancos a los que la ley no alcanza. Son espacios sin ley, orden ni esperanza.

Entre estos sectores que han adquirido un poder ilegal casi sin límites están algunos pueblos fronterizos que protegen al contrabando, los gremiales que se cobijan en el régimen simplificado para evitar los aranceles pese a que mueven enormes capitales; los cocaleros que se auto gobiernan en territorios sin ley, donde el narcotráfico ha sentado sus bases; los ropavejeros que crecen como un cáncer que mata a la industria nacional, y otros hechos que muestran elocuentemente la absoluta falta de autoridad.

Precisamente el sector de vendedores de ropa usada prepara una movilización en todo el país para el próximo lunes 24 de abril, en rechazo a una propuesta de ley del gobierno, que pasó al Órgano Legislativo. Se trata de un proyecto de ley para pasar a las alcaldías el control y combate a la venta de ropa usada ante la debilidad en el control fronterizo. El Vicepresidente Álvaro García Linera como argumento para que el Ejecutivo se deshaga de esta responsabilidad dijo que ya nadie las vigilaba, nadie controla, ni sanciona el contrabando de ropa usada. Por ello la norma deja que sean los municipios los encargados de esa misión. Pero es necesario recordar que de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la Ley de Autonomías, estas son responsabilidades del Estado mediante el gobierno central, es decir, aduana, renta y los mecanismos coercitivos.

En realidad lo único que quiere el gobierno central es que los municipios decomisen y quemen la ropa usada, librándose de esa responsabilidad. Pero el solo anuncio de es esta medida movilizó a los dirigentes de los ropavejeros que anunciaron la marcha señalando que ya son 300 mil las familias que se dedican a esta actividad, reconociendo que ya se ha perdido el control por la falta de alternativas de trabajo y el fracaso del plan de reconversión del Gobierno. La presidenta de la Comisión de Ropa y Prendería a Medio Uso, Elizabeth Verástegui, informó que sus afiliados rechazan que el Gobierno traslade a las alcaldías el control en la venta de ropa usada y convocó a la administración de Evo Morales a instalar un diálogo para buscar alternativas de solución a su demanda.

La realidad es que el ingreso de ropa usada se ha multiplicado, hace seis años ingresaba ropa por un valor de 80 millones de dólares, luego el 2014 se estimaba en 160 millones de dólares según la Confederación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios (Conamype), que se queja de la competencia desleal que representa el comercio de ropa usada que ingresa de contrabando y afecta a la industria legalmente establecida. En este momento ya se ha perdido el control de cuanta ropa usada ingresa. En varias oportunidades, los microempresarios han exigido el cumplimiento del Decreto Supremo 28761, que prohíbe la importación de prendería a medio uso, pero en los hechos este negocio ha crecido considerablemente, y ahora son grandes importadores que distribuyen la mercadería entre gente de bajos recursos para su comercialización.

El número de vendedores de ropa a medio uso se incrementó de 30.000, en 2006, a más de 250 mil personas registradas hasta finales de 2013. En este momento ya es muy difícil cuantificar esta actividad. Los dirigentes de este sector, que continúan ingresando ilegalmente toneladas de esas mercancías, se escudan en el fracaso del programa de reconversión que anunció el gobierno y que debía capacitar a esta gente para que adquiera otros oficios con los que pudiesen desenvolverse. Como este sector, existen otros que operan al margen de la ley en el país, para los que no existe autoridad alguna que ponga freno a sus desafueros. Hay lugares a los que la policía, la aduana o la justicia no han podido llegar.

Editorial
© 2001-2017 JornadaNet.com y JORNADA son editados por Aurios S.R.L. en La Paz, Bolivia. Teléfono: 591 2 2407789 Fax: 591 2 2487487