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Lunes 20, noviembre 2017
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Aberraciones legales

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Guido Pizarroso Durán
lunes 10, julio 2017

Es preferible que algunos culpables queden libres a que un inocente vaya a la cárcel. Esta frase, atribuida a varias personalidades, sintetiza la exaltación, y hasta la glorificación del concepto de Justicia, que para la humanidad, y especialmente para el mundo académico, tiene vital importancia. No ocurre lo mismo para la justicia de nuestro país, que perdió el respeto, consideración y los valores que implícitamente la acompañan. Las generalizaciones nunca son buenas, por lo que es necesario explicar que la falla no es de la justicia en sí misma, sino de quienes mal administran el sistema, y de los que hicieron de la adhesión política un requisito.

La justicia en Bolivia nunca fue de las mejores, pero desde el experimento eleccionario se cayó a un pozo ciego. La desaparición de la seguridad jurídica y el asentamiento de la corrupción e incompetencia se introdujeron al sistema junto a la politiquería partidista. En lugar de aprovechar la coyuntura de las nuevas elecciones judiciales para lograr un verdadero cambio, se ha decidido profundizar la crisis y comprometer a las universidades en el desastre. Para muchos, los estrados judiciales del país tocaron fondo y parecía que ya nada podría hundirlos más.

Pero la sui generis justicia boliviana no se cansa de sorprendernos, y dar muestras que se puede reptar en el fondo y enterrarse aun más en la peor podredumbre. Un hecho reciente lo demuestra. La opinión pública ha sido conmovida por el anuncio de que un inocente fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, por un supuesto feminicidio. Pese a que el verdadero autor confesó el crimen ya está detenido, un inocente pasó más de un año en la cárcel. Pero eso no es todo. Por informes que difundieron medios de comunicación, se sabe que el joven que fue detenido por un crimen que no cometió, reveló que fue torturado por la Policía para que se declare culpable. Fue enmanillado, golpeado, y metido en la maletera de un auto para ser llevado desde Cochabamba hasta Santa Cruz.

Avergonzadas o como un recurso para calmar los efectos de este hecho, las autoridades determinaron "agradecer" los servicios de jueces, fiscales y otros que participaron en esa causa. Efectivamente, el Consejo de la Magistratura decidió destituir a los jueces involucrados en los procesos. Pero el presidente de ese organismo judicial, Wilber Choque, anunció que han tomado la decisión de "agradecer las funciones" de los jueces que llevaron los casos. Seguramente el magistrado cree que agradecer es lo mismo que destituir o pretendía utilizar un eufemismo para decir que los jueces fueron despedidos de sus cargos. Sea cual fuere su intención, su actuación resulta lamentable porque agradecer un desacierto significa avenencia con el hecho.

Casos como estos generalmente se llegan a conocer por circunstancias especiales, o por denuncias que los medios de comunicación registran, pese a que existen centenares de situaciones tanto o más graves que permanecen opacas. Gente inocente está en la cárcel, o delincuentes están en las calles pese a su abultado prontuario.

Algunas veces también ocurre que un jefe policial hace una revelación que en algunos casos es confirmada por autoridades superiores. Por ejemplo, se informó que en el primer semestre de 2017 la Policía desbarató seis clanes delincuenciales y la Justicia liberó a miembros de cinco de estos grupos delictivos dedicados al robo de vehículos y autopartes.

No es la primera vez que algo así ocurre: El año pasado un viceministro de Seguridad Ciudadana, confirmó que solamente en un mes, del penal de San Pedro de La Paz salieron en libertad 134 procesados considerados "peligrosos". Algunos de éstos -según la Policía- rearmaron bandas para cometer atracos. Se informó que entre la lista de los liberados figuraban 32 que fueron procesados por robo agravado, allanamiento de morada, asociación delictuosa; 14 por homicidio, lesiones graves y gravísimas; cinco por asesinato, organización criminal, lesiones y robo agravado; 11 por violación a menores de edad, violaciones con agravantes y violencia sexual comercial; 12 por violencia doméstica, estupro y lesiones; cuatro por narcotráfico; y 10 por estafa; entre otros. Algunos de éstos eran reincidentes.

Esa es otra de las facetas del sistema judicial boliviano. Pero cuando se trata de negociados o malos manejos económicos, los directos responsables (que son las máximas autoridades) quedan a salvo, y los subalternos que cumplieron órdenes por conservar la "pega", son detenidos preventivamente, durante meses y hasta años, sin que avancen los procesos para evitar que los verdaderos culpables terminen procesados. Para ellos rige uno de los axiomas fundamentales de la justicia: Todas las personas son inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Este es un principio legal universal enmarcado en la Carta de los Derechos Humanos y establecido en la Constitución Política y en el ordenamiento legal nacional. Todo ciudadano tiene derecho a un debido proceso, norma que en la actualidad, desgraciadamente, casi nunca se cumple, excepto para los que tienen poder.

Opinión
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