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Viernes 15, diciembre 2017
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Cambio de visión ecológica

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martes 8, agosto 2017

Cada vez el gobierno se aleja más de su tesis original de defensa de la Madre Tierra y entra en directa contradicción con el mandato de la Constitución Política del Estado que en el Art. 342 y siguientes, hasta el 347, entre otros mandatos, establece que "Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medioambiente. Proclama que la población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultada e informada previamente sobre decisiones que pudiesen afectar a la calidad del medioambiente.

Todo el caudal de principios sobre la protección a la naturaleza y convivencia armónica con los ecosistemas que el gobierno de Evo Morales expuso al mundo, ganándose la simpatía general, hoy quedan expuestos al escrutinio nacional e internacional mostrando que una cosa es lo que se dice, propone y promete, y otra muy diferente la que se hace. El Vicepresidente, Álvaro García Linera durante su participación en los festejos patrios en Cobija, ofreció pautas muy nítidas.

Sostuvo que "para el ambientalismo colonial el indígena verdadero es un ser carente de necesidades sociales, que no necesita de comercio, ni transporte o colegios, y que debería vivir como hace 500 años para ser fotografiado para la postal del turista extranjero". Acusó a los países del norte que, a través de fundaciones y organizaciones no gubernamentales, financian políticas de protección de los bosques a cambio de un Certificado de Reducción de Emisiones (CER'S), que se cotizan en los denominados Mercados de Carbono. En criterio del vicepresidente, "por una tonelada de CO2 (dióxido de carbono) que se deja de emitir en un bosque de la Amazonía, gracias a unos miles de dólares entregados a una ONG, una industria norteamericana o europea utiliza el carbón, emite gases de efecto invernadero y puede mantener inalterable sus actividades productivas sin necesidad de cambiar su matriz productiva".

Esta argumentación se la expone cuando el Senado se apresta a considerar la aprobación de una ley que dejará sin efecto la intangibilidad del territorio protegido del TIPNIS. Los indígenas se oponen a esta medida, no quieren la carretera ni que los cocaleros la invada, y menos que las transnacionales se metan a su selva para explotar hidrocarburos, pero se ve que de nada vale su opinión para el gobierno, porque esta vez, sin retoques ni figuras literarias cosméticas, se ha expuesto una posición que no va de acuerdo con la CPE ni la Ley 071 de defensa de la Madre tierra, que establece principios de obligatorio cumplimiento, entre ellos, el de la Armonía, que obliga a que "las actividades humanas, en el marco de la pluralidad y la diversidad, deben lograr equilibrios dinámicos con los ciclos y procesos inherentes a la Madre Tierra". Otro principio de los derechos de la Madre Tierra señala que no pueden ser mercantilizados los sistemas de vida, ni los procesos que sustentan, ni formar parte del patrimonio privado de nadie. Asimismo, establece que "la Madre Tierra es considerada sagrada, desde las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Para efectos de la protección y tutela de sus derechos, la Madre Tierra adopta el carácter de sujeto colectivo de interés público. La Madre Tierra y todos sus componentes incluyendo las comunidades humanas son titulares de todos los derechos inherentes reconocidos en esta Ley. La aplicación de los derechos de la Madre Tierra tomará en cuenta las especificidades y particularidades de sus diversos componentes"

No debe llamar la atención que principalmente el Vicepresidente hubiese enfocado el tema ecológico, ya que sus argumentos van perfectamente encadenados a los proyectos anunciados por el gobierno, que como fundamento de principios, chocan contra la normas de protección ambiental. Recordemos que se han anunciado una serie de represas y complejos hidroeléctricos, una carretera por el TIPNIS, concesiones para la búsqueda de hidrocarburos en áreas protegidas, y otros proyectos que de una u otra manera no van con la estructura legal establecida.

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