JORNADA
Jueves 19, octubre 2017
Loading
"Lo pactado, obliga"

Imprimir Enviar
jueves 10, agosto 2017

El Estado es la magna representación del pueblo boliviano y constituye el marco institucional legal de Bolivia. El gobierno de turno, es el administrador del Estado Plurinacional, y por lo tanto, obligado a cumplir, respetar y hacer que se respete la Constitución Política del Estado y todo el ordenamiento legal. En varias oportunidades, desde estas columnas se ha señalado la necesidad de hacer compatibles las necesidades del Estado, del pueblo y del país en su conjunto con la preservación de los recursos naturales y su utilización racional, adecuada y de acuerdo a prioridades.

Esa ha sido también la línea de la lucha del pueblo boliviano en defensa de los recursos naturales. Inclusive, fue la bandera del MAS para llegar al poder. Pese a estas premisas, la actual administración ha determinado una serie de acciones para incursionar en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en los parques nacionales y reservas naturales abriendo carreteras y autorizando operaciones de empresas petroleras. Se ha llegado hasta a la intimidación con una fuerza militar binacional que operó en la Amazonía.

Ahora, con la aprobación de la ley dirigida a despojar al TIPNIS de su condición de intangibilidad, desgraciadamente se abre una ruta ilegítima que terminará por destruir parte de la biodiversidad, afectará el medioambiente y depredará la naturaleza de un territorio defendido hasta el sacrificio por los indígenas que ya han agotado todos los recursos legales y pacíficos para defender su espacio de vida. Irónicamente, la ley contra el Tipnis se aprobó el Día Internacional de las Poblaciones Originales, que la ONU, mediante la resolución 49/21, marcó para que se celebre cada 9 de agosto.

Triste coincidencia que se suma a las varias las medidas ya adoptadas por el gobierno para afectar las reservas naturales. Recordemos que se ha promulgado el Decreto Supremo 2366 que autoriza la exploración de hidrocarburos en parques nacionales, hecho que en criterio de juristas, constitucionalistas y activistas de la defensa del medio ambiente, contradice varias normas legales, entre ellas la Constitución Política del Estado (CPE), y acuerdos internacionales.

En el caso del Tipnis, la CPE, en el Art. 30, incisos 4, 14 y 15, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la "libre determinación y territorialidad" y a "ser consultados, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se preven medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco se garantizará y respetará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado de buena fe, y concertada".

Asimismo, tanto la CPE, como el cuerpo legal del país, reconocen la vigencia de tratados internacionales, convenciones y otros acuerdos, entre ellos la Convención 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que establece que los derechos reconocidos para los indígenas son "inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos". Asimismo, señala que los convenios internacionales sobre el respeto a los derechos humanos "prevalecen en el orden interno".

Tanto en el respeto a la CPE como a tratados internacionales, está en juego el prestigio del Estado, que, además está obligado a actuar de buena fe. La consulta "a posteriori" efectuada por el gobierno hace dos años atrás, dirigida hacia otros actores secundarios o paralelos del TIPNIS, contradice este principio. Diferentes diccionarios definen el concepto de buena fe, como una actuación con rectitud, honradez, sinceridad, e implica, además, dar fe, que significa acreditar la legitimidad de algo. La buena fe es un principio del derecho universal que afirma la rectitud de una conducta o el estado mental de honradez con el que se actúa.

La buena fe esta también íntimamente ligada al concepto latino "pacta sunt servanda", o a que "lo pactado obliga", es decir que todo acuerdo, contrato o compromiso debe ser fielmente cumplido por las partes conforme a lo pactado. En derecho internacional, "todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe" (según lo señala el artículo 26 de la Convención de Viena).

Los pobladores del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure, tienen derecho a la consulta previa, obligatoria, y a que se respete su voluntad. Las sacrificadas marchas, las vejaciones y atropellos de que han sido víctima los indígenas del Tipnis, son otra prueba de su posición de defensa de su territorio y de sus derechos consagrados en diversas normas.

El gobierno tiene todo el derecho a trabajar para que los bolivianos se beneficien de la riqueza nacional, y en esa línea desarrollar proyectos para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Pero existen límites fijados por las leyes que deben ser respetados, especialmente, cuando se trata de afectar intereses tan sensibles como los territorios indígenas y las reservas de los parques naturales.

Editorial
© 2001-2017 JornadaNet.com y JORNADA son editados por Aurios S.R.L. en La Paz, Bolivia. Teléfono: 591 2 2407789 Fax: 591 2 2487487