JORNADA
Sábado 23, septiembre 2017
Loading
Deben aplicarse sanciones legales a bloqueadores

Imprimir Enviar
jueves 7, septiembre 2017

El municipio paceño entabló una demanda penal contra un grupo de gremiales que cercaron dos edificios ediles y el Palacio Consistorial, y por haber cometido delitos de privación de libertad de decenas de ciudadanos e impedir el ejercicio de funciones de los trabajadores de la Alcaldía. Además, los gremiales se han dado a la tarea de bloquear las calles del centro de la ciudad de La Paz, impedir el tráfico vehicular y entorpecer las actividades de ciudadanas. Esta costumbre de presionar con medidas de hecho por cualquier demanda, justa o abusiva, se ha descontrolado en todo el país, pero especialmente en la sede de Gobierno.

Resulta que precisamente un sector que se une a todos los bloqueos sea de la naturaleza que sea, es el de los gremiales, que desde luego no lo hacen ni por convicciones en las luchas sociales ni por justificadas razones que merezcan la protesta ciudadana. Se movilizan por prebendas y gestiones políticas, ya que en esas movilizaciones circulan listas de asistencia y distribución de fichas.

Las razones son obvias. En muchas oportunidades trascendió que quienes promueven las movilizaciones son políticos, contrabandistas o grupos de capitalistas que se mimetizan entre los gremiales, informales y comerciantes para aprovechar el Régimen Tributario Simplificado (RTS).

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) descubrió a varios comerciantes mayoristas camuflados en el RTS que realizaron compras millonarias, que superan los 37.000 bolivianos establecidos como tope máximo de capital para este grupo de contribuyentes. Se revelaron varios casos entre ellos, un comerciante que amparado el régimen simplificado efectuó compras por más de 11 millones de bolivianos. Esta información corresponde a procesos de fiscalización efectuados durante el primer semestre de 2017.

En el RTS deben estar inscritos sólo comerciantes minoristas, artesanos y vivanderos que tienen hasta 37.000 bolivianos invertidos en su actividad económica, y ventas anuales que no superan los 136 mil bolivianos. De acuerdo a los registros oficiales hay 73.099 contribuyentes activos en el régimen simplificado, la mayoría de ellos dedicados a esta actividad por la falta de fuentes de trabajo, y que son manejados por contrabandistas, políticos y otros para dar mayor movilización en marchas y manifestaciones.

Este grupo de contribuyentes paga dos tributos al año de acuerdo a su capital. De Bs 12.001 hasta Bs 15.000 pagan Bs 47 y los gremiales con un capital entre Bs 29.501 y 37.000 bolivianos, cancelan 200 bolivianos.

La cultura tributaria nacional es deficiente, y pese a que aumentaron los ingresos del Estado por impuestos, la evasión también se incrementa.

Recordemos que varias instituciones internacionales dedicadas a los estudios económicos, consideran a Bolivia como uno de los países de mayor evasión fiscal. Se estimaba, hasta hace poco, que Bolivia, perdía tres mil millones de dólares por la evasión fiscal. Otro informe coincide en que el daño que sufren las arcas del Estado es gigantesco. La organización Tax Justice Network, señala que Bolivia ocupa el primer lugar en defraudación fiscal, con una evasión que representa el 66% del PIB boliviano.

La lucha para desenmascarar a los evasores y desalentar su mimetización en el régimen simplificado puede establecerse con registros más precisos de los contribuyentes en el RTS, como de los registros municipales a los que se resisten los gremiales. Los comerciantes movilizados pretenden la abrogación de una norma que fija el registro voluntario computarizado de comerciantes minoristas. Es necesario que de una vez se apliquen sanciones legales a bloqueadores de calles y carreteras; a quienes causan daños materiales al fisco como a privados con movilizaciones, y también contra quienes perturban el derecho ciudadano al libre tránsito y a una vida sin alteraciones ocasionadas por grupos violentos.

Editorial
© 2001-2017 JornadaNet.com y JORNADA son editados por Aurios S.R.L. en La Paz, Bolivia. Teléfono: 591 2 2407789 Fax: 591 2 2487487