JORNADA
Jueves 21, septiembre 2017
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El legítimo derecho a votar nulo o blanco

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miércoles 13, septiembre 2017

El proceso de las elecciones judiciales 2017 ya está en marcha. Con beneplácito del oficialismo y los lamentos de la oposición se han reiterado los errores del pasado, y con seguridad el efecto responderá a lo actuado. Lo que no cambia es el principio que rige la libertad de elegir, que es un valor y también un derecho que se traduce en la autodeterminación, es decir, la capacidad de las personas para decidir entre diferentes opciones, asumiendo responsabilidad sobre las repercusiones de sus actos. En todo proceso eleccionario, regido en democracia, los ciudadanos tienen la libertad de inclinarse por sus preferencias, y también expresar su disidencia.

Para ello, está a su disposición el voto nulo y el voto blanco, que son un derecho y una opción válida, al igual que el voto por cualquiera de las candidaturas. La inclinación y decisión de apoyar cualquiera de estas opciones es una manifestación legítima de la voluntad del ciudadano, que así ejerce su derecho democrático al sufragio, y su decisión, debe ser respetada. No se debe olvidar que el resultado de las urnas al mismo tiempo que refleja la voluntad popular, envía una serie de señales a los mecanismos políticos, a los administradores de los comicios, y a la opinión pública en general haciendo conocer su sentimiento, muchas veces no expresado directamente.

La experiencia boliviana nos ha dejado innumerables constancias, no solamente en el pasado lejano, sino en el inmediato de las elecciones judiciales organizadas por el actual gobierno. En todas las elecciones siempre se han contabilizado los votos blancos y nulos porque forman parte de los resultados electorales. En este marco de respeto a los derechos y las normas constitucionales, el pueblo, mediante el voto, no solamente elige, sino que puede expresar su opinión sobre la forma como se ha procedido a seleccionar a los candidatos.

Recordemos que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) designó a los 96 candidatos que participarán en la elección judicial que se realizará el 3 de diciembre para designar a los magistrados de las instituciones que componen el Órgano Judicial del país. Para el oficialismo se ha escogido a los que lograron mejor calificación, mientras que para la oposición se volvió a seleccionar a postulantes afines al gobierno. Una serie de denuncias sobre irregulares dieron marco a las deliberaciones que culminaron con el abandono de los parlamentarios ajenos al oficialismo.

Además de señalarse a varios postulantes que tuvieron cargos en diferentes reparticiones del Estado, como vinculados al MAS, la protesta se centró en la distribución de las listas de los "escogidos" entre los militantes del oficialismo para que se efectúe un "voto consigna". Este extremo no fue negado por los miembros de la directiva de la ALP, que en todo caso defendieron el hecho como un recurso político normal. El MAS vota en forma orgánica, señalaron. Con este argumento se olvida que la ALP es un Órgano deliberativo, al que la Constitución Política del Estado le asigna y establece con independencia y separación de poderes, y nunca debiera estar subalternado.

Frente a esta situación, varios ex mandatarios y líderes políticos convocaron a los bolivianos a rechazar las elecciones judiciales de diciembre próximo por el "nuevo atropello" a la institucionalidad democrática. Este llamado coincide con instituciones de derecho, organizaciones académicas y entidades cívicas, que, con las actuales condiciones y circunstancias, para las próximas elecciones judiciales el ciudadano no tiene opciones, y solamente irá a las urnas para votar sobre listas ya aprobadas por el MAS.

Felizmente, todavía está fuerte el sentimiento de defensa de las libertades y derechos constitucionales, entre ellos el derecho ciudadano a disentir, pensar y actuar de manera diferente mientras no afecte el derecho de los demás y respete las normas en vigencia. De esta manera todo ciudadano debe cumplir el deber de acudir a las urnas y votar. Pero tiene el derecho de decir como votará, y puede hacerlo por algunas de las opciones presentadas por el oficialismo, o votar en blanco o nulo. Esas tres opciones son legítimas. El ciudadano debe utilizar su libertad para decidir, sin que por esto sea objeto de amedrentamiento, de amenazas y coacciones. Los ciudadanos tienen, además, el derecho a pronunciarse públicamente por cualquiera de las tres opciones. Lo que no debe hacerse es promover la abstención.

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