JORNADA
Miércoles 23, mayo 2018
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Un Pacto Fiscal suicida

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Guido Pizarroso Durán
martes 6, febrero 2018

Es posible que el Pacto Fiscal, que debiera ser el mecanismo de acuerdo y consenso que haga posible un desarrollo armónico del país, con una justa distribución de los recursos en base a los principios de autonomía, podría este año ser otro factor de discordia, debido a que el gobierno central acapara la mayor parte de los ingresos y deja a las regiones, departamentos municipios y universidades, con presupuestos exiguos. Asimismo, coloca a las regiones frente a alternativas conflictivas, ya que se deja a los gobiernos regionales la opción de crear más impuestos a la población, para hacer frente a sus necesidades.

Varias gobernaciones departamentales, con excepción de las que controla el MAS, efectuaron observaciones y rechazaron la posición del gobierno central. Las más críticas son las representaciones de Santa Cruz, La Paz y Tarija que consideran que no se ha avanzado en la autonomía y que las cargas para las regiones son cada vez mayores mientras se reducen sus ingresos. La representación de Santa Cruz se queja de que el Gobierno no se puso a pensar de qué vivirían las gobernaciones cuando se "confiscó" más del 70% de los recursos del IDH. Piden adecuar el pacto fiscal a la nueva Constitución Política del Estado, de manera que la repartición de recursos contemple el proceso autonómico, ya que el actual mecanismo de coparticipación data de los tiempos de la República.

La Gobernación de La Paz envió una carta al presidente Evo Morales en la que le hace conocer 29 observaciones al documento del Pacto Fiscal. El gobernador Félix Patzi pide al Primer Mandatario que convoque a una reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA). Argumenta que el reglamento establece que el documento final debió haber contenido propuestas de reforma del Régimen Económico Financiero, pero nuevamente se ha derivado los temas a las comisiones de trabajo.

Patzi, en la carta que le envió a Morales, indica que la Gobernación rechaza el contenido del documento final. Entre las muchas observaciones, hace notar la contradicción de mantener inalterable el Régimen Económico Financiero vigente desde hace 30 años, y sin embargo se señala que "los resultados del Pacto Fiscal deberán aplicarse de manera gradual y progresiva".

Propone que se de acceso a las gobernaciones a fuentes tributarias, sea por el mecanismo de la distribución y por la vía de la transferencia de dominios tributarios, establecer los mecanismos y criterios de distribución que permitiría que las gobernaciones accedan a los recursos de la coparticipación tributaria. También plantea definir los mecanismos y criterios para hacer posible un incremento porcentual en la participación de las gobernaciones del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados.

Para el gobierno, el pacto fiscal fue un éxito, porque considera que se identificaron 25 fuentes alternativas de financiamiento y se establecieron tres consejos de coordinación sectorial: seguridad ciudadana, salud y minería. Descarta por completo que el Gobierno central pueda ceder parte de la coparticipación tributaria a las regiones. Las supuestas nuevas fuentes alternativas de financiamiento incluyen el aumento de impuestos y creación de nuevos tributos, hecho que sin duda derivará en una reacción popular en contra de las gobernaciones y municipios, mientras el gobierno se lava las manos. La aplicación de este pacto fiscal que propone el gobierno sería suicida para las regiones y para el proceso autonómico.

Como ocurre en muchas facetas de la administración estatal, ya sea como parte de la campaña electoral en la que está empeñado el oficialismo, o temiendo por lo que significaría la unión de todas las regiones por mejores ingresos, se anunció la posibilidad de que a fin de año se reformule el presupuesto aumentando la cuota parte de los departamentos y municipios.

El anuncio fue efectuado por el presidente Morales señalando que el incremento de precios del petróleo en el mercado internacional, podría permitir a fin de año reformular el presupuesto anual asignado para las alcaldías y gobernaciones del país.

Opinión
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