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Bolivia espera que EEUU reasuma responsabilidad de lucha contra el narcotráfico
"Ojalá que se normalicen las relaciones bilaterales entre los dos países, ojalá que ellos retornen a trabajar en el marco de la responsabilidad compartida, a trabajar de manera conjunta", dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

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La Paz, (EFE)
martes 14, noviembre 2017
JornadaNet
APG
El Gobierno de Bolivia espera que la designación de un nuevo Encargado de Negocios en la embajada de Estados Unidos, que asumirá en diciembre, sirva para reanudar una "responsabilidad compartida" en la lucha contra el narcotráfico.

"Ojalá que se normalicen las relaciones bilaterales entre los dos países, ojalá que ellos retornen a trabajar en el marco de la responsabilidad compartida, a trabajar de manera conjunta", dijo ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en rueda de prensa.

Agregó que las críticas al Encargado de Negocios saliente, Peter Brennan, fueron por supuestas "acciones de intromisión" y expresó su deseo de que la llegada del nuevo funcionario, Bruce Williamson, "dé oxígeno" a la relación bilateral para un trabajo conjunto.

La semana pasada se conoció que Williamson relevará en el cargo a Brennan en diciembre, pocas horas después de que el presidente del país, Evo Morales, acusara a este último de supuestamente estar en actos de conspiración para hacer denuncias contra el Gobierno.

Según Morales, es la embajada de Estados Unidos la que facilita información a la oposición para hacer denuncias de supuesta corrupción y narcotráfico contra el Ejecutivo.

Consultado sobre el conocimiento que el nuevo representante de Estados Unidos tendría en temas de narcotráfico, Romero reiteró que está abierto a coordinar en esa labor pero que dependería de la "voluntad política" para luego establecer una agenda de trabajo.

El ministro habló de la importancia de debatir con Williamson por las constantes "descertificaciones" que Washington aplica sobre Bolivia considerando insuficiente su esfuerzo antidroga.

Colombia y Perú contribuyen con el 65 % y 25 % de la producción de hojas de coca en la región, respectivamente, mientras que Bolivia produce únicamente el 10 %, "pero resulta que los dos primeros están certificados y Bolivia está descertificada", apuntó Romero.

Los tres países andinos son los principales productores de hojas de coca del mundo y de su derivado ilegal, la cocaína.

Bolivia y Estados Unidos carecen de una relación entre embajadores desde el año 2008, cuando el Gobierno de Morales expulsó al entonces embajador Phillip Golberg, tras acusarlo de conspiración.

Ese mismo año corrió la misma suerte la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), a partir de lo cual Bolivia se ha encargado de combatir las drogas con recursos propios en la llamada "nacionalización de la lucha contra el narcotráfico".

Bolivia y Estados Unidos no han restituido a sus embajadores pese a que firmaron a fines de 2011 un acuerdo para normalizar las relaciones bilaterales.

Sobre críticas de cocaleros a nueva ley de coca

El Gobierno dijo que impedir la aplicación de la ley que amplía la superficie de cultivos legales de hojas de coca en el país, como busca un grupo de cocaleros disconformes con esa norma, supondría reivindicar la legislación anterior, que planteaba la erradicación forzosa de las plantaciones.

El ministro Romero acusó al presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, de buscar un retroceso en la legislación y reivindicar la antigua ley que regulaba el cultivo de la planta.

Para Romero, el dirigente también quiere "confrontar" a los campesinos de la zona paceña de los Yungas con los del Trópico de Cochabamba (centro) al objetar la superficie de cultivos que reconoce la nueva ley para este último sector, pese a que, según la autoridad, eso "ha sido producto de un cuidadoso consenso".

Los cocaleros de los Yungas presentaron meses atrás ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra tres artículos de la nueva Ley General de la Coca, promulgada en marzo por el presidente Evo Morales, que aún es el máximo dirigente de los productores de hojas de coca del Trópico de Cochabamba.

El viernes se conoció que el tribunal declaró constitucionales los tres artículos, lo que fue celebrado por el presidente Morales y criticado por opositores y por los cocaleros agrupados en Adepcoca.

Esa organización anunció que presentará un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Romero descartó la utilidad de esa medida y afirmó que la CIDH no podría pronunciarse "sobre un tema que no forma parte de la declaratoria de derechos humanos".

La antigua ley establecía un límite máximo de 12.000 hectáreas de plantaciones legales que solo podían cultivarse en los Yungas.

La norma vigente autoriza hasta 7.700 hectáreas de cultivo en el Chapare, considerada una zona no tradicional para las plantaciones, y 14.300 en el departamento de La Paz.

La Constitución boliviana asume como un deber del Estado la protección de la hoja de coca que, en su estado natural, no es considerada como estupefaciente.

Los cocaleros de los Yungas se manifestaron desde un primer momento en contra de que se amplíen las hectáreas de cultivo en el Trópico de Cochabamba y exigieron con protestas que no se aprobase la norma, aunque sólo consiguieron que se ampliasen en 2.300 hectáreas los cultivos en su zona.

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