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Nuevo Consejo de Magistratura elegirá jueces y subalternos
Abogados consideran que para elecciones de Magistrados, por mayoría el MAS podría seleccionar 125 postulantes y por minoría la oposición a otros 125, para que el pueblo decida y elija.

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Redacción JORNADA
lunes 13, junio 2011
JornadaNet
APG
La Asamblea Legislativa Plurinacional preseleccionará a 125 postulantes para el: Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.

En el Colegio Nacional de Abogados existe temor de que letrados sin militancia política que no sean de simpatía del partido oficialista sean defenestrados por injustificadas sindicaciones políticas.

Consideran que teniendo el MAS dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional calificaría preferentemente a sus adeptos para ir a las elecciones de octubre.

"El pueblo no elegirá solo confirmará de entre los preseleccionados por la Asamblea Legislativa, ello no es democrático", aseveraron.

Hasta horas dieciocho de ayer domingo, 581 ciudadanos se inscribieron y presentaron su postulación.

La ciudadanía pide que antes de la preselección se haga conocer la filiación de todos los postulantes, se considere que "quienes cometieron transfugio político, incurrieron en retardación de justicia, desobediencia a resoluciones judiciales, los que fueron denunciados por la Ministra de Lucha Contra la Corrupción, o por ignorancia de Leyes vigentes, deben ser depurados de las listas, para ese accionar de oficio las Comisiones de la Asamblea Legislativa deben pedir -enfatizan-, certificaciones de la Contraloría sobre los bienes declarados, del REJAB, de los Consejos Distritales de la Judicatura, de los Ministerios y de Órgano Electoral y otorgar un lapso de diez días para que las personas que impugnen a determinados postulantes puedan demostrar sus asertos y los denunciados su idoneidad y probidad, consecuentemente la falsedad de las sindicaciones.

Ciudadanos integrantes de juntas vecinales de La Paz, Gabriel Ochoa, Sebastián Laruta, Calixto Torres, Miguel Laime y otros, en manifiesto publico señalaron "que algunos ciudadanos que ejercieron o ejercen la administración de justicia a poco de estar designados aparecieron con vehículos, casas, cuentas corrientes, mientras que en sus declaraciones juradas no consta si antes de ser nombrados ya los tenían o si alguien les donó, obsequió, dejó en herencia o ganaron alguna lotería".

En los Procedimientos Penales de España, Alemania, Estados Unidos, Perú, Chile, Brasil y otros, constituye prevaricato el que los administradores de justicia no cumplan ni hagan cumplir las normas legales o las ignoren o interpreten a su modo.

Se sanciona la retardación de justicia con la inmediata suspensión de los denunciados hasta que se dicte las Resolución para cada caso, a fin de preservar que no haya tráfico de influencias de los denunciados desde el cargo de administradores de justicia.

Si todos somos iguales ante la Ley, no existe fueros ni privilegios para nadie, es imperioso que tanto Juez o magistrado denunciado así como el denunciante, estén en las mismas condiciones y tengan las mismas oportunidades para demostrar los hechos, afirman dirigentes del magisterio urbano.

Anteriormente se consideraba prevaricato el que algunos Jueces y Magistrados ignoraban Leyes y Procedimientos e incurrían en actos lesivos contra el ordenamiento legal vigente en Bolivia, motivo por el cual se los enjuiciaba.

Al presente no está muy claro cuándo se debe entender que un Juez o Magistrado comete prevaricato, no se suspende de funciones a quienes se los denuncia para que haya igualdad de condiciones entre denunciante y denunciado y no haya trafico de influencias desde el cargo judicial.

Si bien es cierto que los miembros que integren el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, tendrán la misma jerarquía con distintas misiones y roles en los órganos jurisdiccionales de la administración de justicia, un hecho que debe hacer reflexionar a todos, es que los ciudadanos(as) que integren el Consejo de la Magistratura podrán nombrar a Jueces y personal subalternos de todas las instancias jurisdiccionales. Anteriormente al Gobierno de Evo Morales, los jueces de todas las instancias de la administración de justicia eran designados por la Corte Suprema de Justicia de ternas que elevaban las Cortes Superiores de Distrito. Y los subalternos por las Cortes Superiores de ternas que elevaban los jueces.

A fin que realmente el pueblo decida y elija, varios profesionales señalaron que para un fin democrático se permita que por mayoría quien tiene dos tercios en la Asamblea Legislativa consigne 125 postulantes y por minoría, la oposición, otros 125, los cuales deben ser puestos a consideración del pueblo, del soberano, para que obre en consecuencia, eligiendo a quienes consideren los más idóneos, probos y honestos servidores de vocación y no de ocasión.

En este caso estando las dos opciones a conocimiento del pueblo, del soberano, no habría motivo para que se convoque a una nueva inscripción de postulantes o haya nueva preselección.

Ciudadanos piden que en la papeleta de voto haya una casilla en blanco

Varios ciudadanos plantearon públicamente que en la papeleta de voto, para elecciones a magistrados, se consigne una casilla en blanco para que los electores puedan señalar su aceptación o rechazo a los postulantes preseleccionados.

En criterio de analistas político constitucionales, parece ser una idea positiva pero que significaría un coste adicional si llega el caso que una gran mayoría marque "rechazo a los preseleccionados", por lo que se tendría que hacer una nueva convocatoria y nominación de preseleccionados.

La Ley 025 de junio de 2010 del Órgano Judicial en el Art.19 determina prohibiciones y causales de in elegibilidad. Como causales de inelegibilidad señala: 1. Tener militancia en alguna organización política. 2. Haber integrado el Directorio o Gerencia de una sociedad comercial cuya quiebra hubiese sido declarada fraudulenta. 3. Haber patrocinado a personas que resultaren culpable de la comisión de delitos contra la unidad del Estado, así como quienes hayan participado de la conformación de gobiernos dictatoriales o hayan patrocinado procesos de entrega o enajenación de recursos naturales y patrimonio nacional.

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