AI denuncia ejecuciones y uso excesivo de fuerza en protestas en Venezuela

EFE

Amnistía Internacional (AI) denunció ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza en las protestas registradas en enero contra el Gobierno de Nicolás Maduro, y advirtió que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional podría considerar estos hechos en su examen preliminar a Venezuela.

La directora para las Américas de la organización, Erika Guevara, presentó un adelanto de una investigación -que será ampliada en marzo- sobre las protestas ocurridas en Venezuela el mes pasado y en las que, asegura, también ocurrieron cientos de detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad venezolanos.

«La estrategia de control social que tratan de imponer las autoridades de Nicolás Maduro a través del miedo y el castigo contra quienes exigen un cambio, es repulsiva. Su gobierno se está ensañando con la gente más empobrecida que dice defender, pero que luego asesina, detiene y amenaza», dijo Guevara.

Indicó que entre el 21 y el 25 de enero, cuando comenzaron las protestas callejeras que denuncian a Maduro como ilegítimo, al menos 41 personas fallecieron, «todas por herida de arma de fuego» y más de 900 fueron detenidas de forma arbitraria.

Además, Amnistía dijo que las autoridades «estatales llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales selectivas como método de control social a través de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente de sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), contra personas que participaron de alguna forma en las protestas».

En ese sentido, detalló que seis hombres jóvenes fueron ejecutados extrajudicialmente a manos de las FAES, quienes los presentaron «como muertos en enfrentamiento» con este grupo policial.

Según Amnistía, este cuerpo «manipuló las escenas de crimen, y pintó a las víctimas como delincuentes, refiriendo que varios de ellos tenían antecedentes penales en un intento de justificar las muertes».

La organización cita el caso del joven de 29 años Luis Enrique Ramos Suárez, quien, dice, fue ejecutado el 24 de enero luego de que se hiciera viral un audio en el que se anunciaban protestas contra Maduro en Carora, estado de Lara (oeste).

En el material «se mencionaba el apodo de Luis Enrique como uno de los organizadores» y ese mismo día, «más de 20 integrantes de las FAES fuertemente armados y encapuchados» allanaron su casa, sometieron a malos tratos a quienes se encontraban allí y luego se llevaron al joven que recibió «dos disparos en el pecho».

«Según los testimonios recabados, tras ejecutar a Luis Enrique, oficiales de las FAES dispararon dentro de la casa para simular un enfrentamiento», dijo Amnistía.

Asimismo, la organización detalló que también registró dos muertos y un herido con arma de fuego por parte de autoridades mientras protestaban, y aseguraron que tanto la PNB como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) «participaron en este tipo de operativos».

Señaló también que al menos 137 menores fueron detenidos el mes pasado en el contexto de las protestas y «las autoridades los golpearon, los insultaron con calificativos de ‘guarimberos’ (manifestantes violentos) y ‘terroristas’, los expusieron a sustancias irritantes, privación del sueño, y los amenazaron de muerte».

Por lo anterior, Guevara pidió al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que tome medidas para hacer frente a la «impunidad total» que prevalece en el país petrolero.

Advirtió que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional podría considerar estos hechos, y de hallarlos fundados, incorporarlos como parte del examen preliminar ya en curso sobre Venezuela.

Instó a los países «preocupados genuinamente» por la situación de derechos humanos en Venezuela a «explorar el ejercicio de la jurisdicción universal, que sirva de alternativa para la búsqueda de justicia que las víctimas no pueden alcanzar localmente».

De momento, las autoridades de Venezuela no han reaccionado al informe de Amnistía, aunque en ocasiones anteriores el ministro de Interior, Néstor Reverol, ha rechazado los informes que presentan las ONG sobre situaciones en Venezuela.

El gobernante, Nicolás Maduro, encabezó un acto de Gobierno y no hizo alusión a lo denunciado por la organización, mientras que a lo que sí se refirió fue a la ayuda humanitaria solicitada por la oposición y que se encuentra bloqueada en la frontera para decir, nuevamente, que son donaciones «contaminadas».

Precisamente, la directora para las Américas de Amnistía pidió a las autoridades garantizar que las donaciones lleguen a quienes lo necesitan.

«Amnistía Internacional considera que el sufrimiento generalizado de estas personas no debe ser usado como una herramienta de negociación política», apuntó al tiempo que dijo que los Estados deben asegurarse de que las donaciones lleguen directamente a las personas que se encuentran «en una situación de mayor vulneración».

La organización aclaró que no formará parte del equipo que contribuya a distribuir esta ayuda debido a que no está entre sus competencias.