Amenazas contra el derecho propietario

Nuevamente se han lanzado amenazas contra la propiedad privada e inclusive se han aprobado normas que vulneran la Constitución Política del Estado poniendo en riesgo el derecho propietario. No es la primera vez que el gobierno actual actúa de esta manera. Recordemos que se presentó a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de Ley de Regulación de Propiedad Urbana y Derecho Propietario, que felizmente fue frenado. Luego se intentó aprobar una ley sobre la pérdida del dominio propietario. Hace poco se aprobó una ley de Empresas Sociales con la que se pretende incautar la propiedad de empresas privadas que incumplan algunas normas sociales y económicas.

Ahora subrepticiamente se introducido en La Ley 1103 sobre el Presupuesto General del Estado, una disposición adicional, mediante la cual el Estado podría expropiar bienes denominados “vacantes” a sola denuncia de cualquier persona ante autoridad judicial. El diputado Gonzalo Barrientos, de Unidad Demócrata, declaró que la oposición política considera confiscatoria esa norma, por lo que se presentara un recurso de inconstitucionalidad. La cláusula quinta adicional de la citada norma modifica el numeral primero del Artículo 482 de la Ley N° 493 de 19 de noviembre de 2013, “Código Procesal Civil”, con la siguiente redacción: “Cualquier persona podrá denunciar ante la autoridad judicial la existencia de bienes vacantes. Ésta, al admitir la denuncia, designará curador al Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE), quien tendrá personería suficiente para intervenir en todos los trámites y recursos ordinarios y extraordinarios, aún en el caso de que el procedimiento se tornare contencioso”.

Por otra parte, a raíz de la decisión del gobierno de establecer el segundo aguinaldo este ano, se amenazó con la toma de las empresas que no cumplan con la cancelación de ese beneficio social. El dirigente de la COD de Santa Cruz, Rolando Borda, anunció que los trabajadores no aceptarán chantajes de parte de los empresarios y que, si estos no pagan el segundo aguinaldo, tomarán las empresas. Lamentablemente, cada cierto tiempo reaparecen estas intentonas que lo único que hacen es mostrar la fase distorsionada de la actual administración que un momento dice una cosa y al otro hace lo contrario.

Lo grave es que estas amenazas se repiten pese a que van en contra de las prescripciones de la Constitución Política del Estado, y de principios universales inscritos en acuerdos internacionales y hasta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que protegen la propiedad privada y el derecho propietario. La legislación vigente postula que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente, y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

El Pacto de San José, Costa Rica de 1969, también señala que “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar la propiedad al interés social, evidentemente, pero bajo ciertas condiciones. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos y según las formas establecidas por la ley…”

Asimismo, la Constitución Política del Estado, en el Artículo 56. I. señala: “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. III. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. Artículo 57. La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa. La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión”.

El dominio o propiedad está definido por el uso que se le dé, es decir, el propietario tiene el derecho a servirse de su propiedad para sus intereses y de acuerdo con la función social del derecho, siempre y cuando no se violen preceptos legales ya establecidos o causen lesiones a los derechos de otros propietarios o a la sociedad y las buenas costumbres. Bajo esa norma no debe el propietario de un bien inmueble justificar la tenencia de una plantación de marihuana, coca u otro alcaloide. Bajo este principio vigente, la mayoría de los cocaleros deberían perder su derecho propietario.