Asamblea no debatirá este año juicio de responsabilidades a Mesa por el caso Quiborax

El vicepresidente Álvaro García le pidió a Carlos Mesa que deje de victimizarse con ese proceso, porque no tendrá ninguna traba para ser candidato. El expresidente señaló que defenderá su inocencia ante comisión de la ALP.

ABI

El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) Álvaro García Linera anunció ayer que no se debatirá en esta legislatura la autorización del juicio de responsabilidades al expresidente Carlos Mesa (2003-2005) y, por tanto, le pidió que deje de victimizarse con ese proceso, porque no tendrá ninguna traba para ser candidato.

Señaló que la Asamblea tiene pendiente al menos más de 13 solicitudes similares y deberá resolverlas antes de tratar el caso Quiborax. Por mandato del Reglamento de Debates una legislatura se inicia y acaba el 22 de enero de cada año, y en este caso, la próxima se cumple el 11 de enero de 2019.

“La Asamblea no va a tratar la autorización del juicio de responsabilidades a Carlos Mesa”, aseguró el segundo del Ejecutivo boliviano y presidente nato del Legislativo y pidió al expresidente que “si quiere ser candidato que lo diga de frente” pero que no utilice “el juicio para victimizarse”.

Pidió a Carlos Mesa dejar el acto de inmoral de abusar la confianza de las personas, ni haga farsa ni teatro con el tema del juicio como algo que está impidiendo su candidatura.

“(Carlos Mesa) No es un político perseguido, es un político con delirio de persecución y figuración; una vez que estamos decidiendo que la Asamblea no tocará el juicio, no afectará su candidatura y que lo diga de frente y no utilice el juicio para victimizarse”, remarcó.

García Linera señaló “a toda la pandilla de futuros candidatos a diputados y senadores que se rasgan (las vestiduras) diciendo que se está impidiendo su candidatura, dejen de ser farsantes y dejen de hacer tonterías”.

Añadió que hasta ahora el gobierno solo ha escuchado de los futuros candidatos de la oposición, insultos y ofensas, pero ni una sola propuesta a favor del país.

La Fiscalía General del Estado remitió al TSJ una proposición acusatoria redactada el 22 de mayo, por la Procuraduría General del Estado, que acusa a Mesa por la pérdida de 42,6 millones de dólares, que el Estado pagó por la indemnización a la transnacional Quiborax, como efecto de un arbitraje ventilado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

El TSJ anunció el miércoles, que la Sala Plena de esa instancia judicial determinó remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la proposición acusatoria contra el expresidente, por el caso Quiborax, para que autorice o no un juicio de responsabilidades.

Mesa dice que defenderá su inocencia

El expresidente Carlos Mesa (2003-2005) dijo que defenderá su inocencia ante la comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que podría iniciar un juicio de responsabilidades en su contra por el caso Quiborax.

“En principio la Asamblea tiene que nombrar una comisión mixta y tiene que preparar un informe y, por su puesto, le voy a pedir a esa comisión mixta, como corresponde al debido proceso, que me dé una audiencia para que yo haga una explicación”, indicó.

El exmandatario es acusado por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; en contrapartida Mesa denunció una “pésima defensa” del Gobierno en el laudo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.

“En este caso no tengo ninguna responsabilidad, sino que yo acuso a los verdaderos responsables, el exministro Defensa Legal del Estado y ex procurador general, Héctor Arce, y al procurador actual, Pablo Menacho, de ser los verdaderos responsables de la pérdida de los 42 millones de dólares que ha tenido que pagar Bolivia”, argumentó Mesa.

La Procuraduría General del Estado sostiene que Mesa no cumplió con las leyes internas ni con el derecho internacional cuando su gobierno revocó en 2004 las concesiones mineras a Non Metallic Minerals, socia de la chilena Quiborax.

“Si la Asamblea aprueba este juicio de responsabilidades será un juicio penal, cuyo resultado eventual puede ser la cárcel”, apuntó el exgobernante.