Aumentan muertes en Nicaragua en víspera de debate en OEA para crear comisión

EFE

El Gobierno de Nicaragua confirmó ayer otra muerte en el marco de las protestas que sacuden al país desde abril y que serán abordadas este jueves en la OEA, donde se tratará una resolución que propone crear una “comisión especial” en el seno del organismo para dar seguimiento a esta crisis sociopolítica.

La vicepresidenta y primera dama del país, Rosario Murillo, confirmó a través de medios oficiales que Hernaldo Sánchez pereció tras permanecer hospitalizado desde el 28 de junio cuando fue herido con balas de plomo en el municipio de Juigalpa (centro) como resultado de los enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

En esta misma jornada, la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció que votará una resolución impulsada por ocho países para crear una “comisión especial” que siga de cerca la crisis, considerada la más sangrienta desde los años 80.

El Consejo Permanente considerará un proyecto de resolución que, para ser aprobado, necesita el voto de 18 de los 34 Estados que son miembros activos de la OEA y que ha sido impulsado por Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, México y Perú.

El Gobierno del presidente Daniel Ortega había rechazado este lunes la creación de una “comisión especial” en el organismo y elevó su “más enérgica protesta” al organismo continental por esta iniciativa.

Según Nicaragua, esa propuesta pretende “inmiscuirse en los asuntos internos que únicamente competen al Estado”.

De acuerdo con el texto de la resolución, el objetivo es crear una “comisión especial”, cuyo mandato “será contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua”.

Si se aprueba su creación, los miembros de la comisión serán designados como tarde el 10 de agosto por la Presidencia del Consejo Permanente, actualmente ocupada por Costa Rica, y se intentará que la entidad tenga “una representación geográfica equitativa”, según el texto de la resolución.

El Congreso de Guatemala también aprobó un punto resolutivo en el que rechaza la violencia y la represión que se vive en Nicaragua y en el que insta a todas las partes a hacerse partícipes del diálogo para poner fin a la crisis.

Además, Amnistía Internacional denunció en Uruguay que el Estado y grupos “parapoliciales” están disparando “a matar” para repeler las manifestaciones y que la crisis ha provocado el desplazamiento de más de 23.000 personas, principalmente hacia Costa Rica.

El rechazo internacional a la crisis nicaragüense también tuvo eco en EE.UU, en donde el senador demócrata Bill Nelson solicitó al Congreso de ese país apoyar un proyecto encaminado a sancionar a funcionarios nicaragüenses, incluyendo a Ortega y a su esposa, como consecuencia de la represión a las protestas opositoras.

En tanto, las Cámaras de Comercio Estadounidenses en Centroamérica (AmChams) condenaron la represión en Nicaragua y secundaron la posición de la Casa Blanca de solicitar elecciones libres en ese país para superar la crisis sociopolítica.

Nicaragua atraviesa la crisis más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega como presidente, y que ha dejado entre 295 y 448 muertos según varios organismos humanitarios.

La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua, criticada por diversos sectores que dudan de su trabajo y su independencia y que consideran que son más las víctimas, contabilizó hasta el 31 de julio un total de 265 fallecidos, entre ellos 13 menores de edad, 241 son hombres y 11 mujeres.

Por su lado, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) registra 448 personas muertas y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) 302, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cifró en unos 295 los muertos.

Estas cifras contrastan con las entregadas este lunes por el presidente Ortega, quien rebajó la cifra a 195.

Las protestas contra el Gobierno comenzaron el pasado 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia de Ortega, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.