Bolivia y la quimera de la paridad

EFE

La paridad que establecen las leyes en la política en Bolivia contrasta con los casos de discriminación hacia representantes públicas que denuncian grupos pro derechos de la mujer, que trabajan por una verdadera igualdad de género.

“Las han encerrado en los gobiernos municipales, las han agredido, a algunas les han cortado sus trenzas, les han pegado, tirado libros, amenazando con quitarles sus tierras”, denunciaba Lorena Lamar, coordinadora de la Asociación de Concejalas de La Paz (Acolapaz), en un reciente encuentro de mujeres en la ciudad.

Solo en el departamento de La Paz, las denuncias por acoso político han pasado de seis a treinta en un año, para un total de 65 casos en todo el país, sobre todo en zonas rurales, según datos avalados por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia.

Desde 2000 se habían registrado en el país más de 4.000 denuncias de acoso, muchas de ellas silenciadas, según los datos de ONU Mujeres.

En 2013 Bolivia aprobó una ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, pionera en Latinoamérica.

El precedente para impulsar esta ley fue el asesinato de la concejala Juana Quispe en 2012, una mujer aimara cuyo cuerpo fue hallado en un río de La Paz luego de una serie de presiones y amenazas políticas, cuyo crimen sigue sin juzgarse.

La norma obliga a listas paritarias de cargos públicos y Bolivia proyecta una imagen internacional de igualdad, con el segundo lugar en participación parlamentaria femenina del mundo, solo por detrás de Ruanda.

En 2009 el país alcanzó la paridad en representación política a nivel nacional, convirtiéndose en el primero en Suramérica en lograrlo, un mérito que revalidó en 2014.

Sin embargo, las asociaciones denuncian agresiones a alcaldesas especialmente en el medio rural, con amenazas constantes para que renuncien a sus cargos.

El principal motivo de las presiones, según las asociaciones, es “la fiscalización del uso adecuado de los recursos” y la situación empeora “en la mitad del mandato de las autoridades”, advirtió.

Las penas a las que se enfrentan los denunciados oscilan entre los tres y cinco años para casos de acoso y de cinco a ocho para las denuncias de violencia, en las que se incluyen las agresiones físicas y psicológicas.

“Estamos en un momento histórico del país, es transformar esta realidad, todo lo que hemos pasado de jóvenes, trataremos de que las nuevas generaciones no sufran lo que nosotras sufrimos”, destacaba Milena Torrico, en representación del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades de Bolivia.

Torrico abogaba por “fiscalizar la educación” y denunciaba que esta problemática viene dada por “la construcción de género” que hace que las mujeres sean “ciudadanas de segunda”.