“Botones” que desnudan administración de justicia

Dos hechos lamentables ocurridos en el país, la muerte del bebé Alexander en el año 2014 y la imputación a un inocente; y el otro, el encubrimiento del fiscal a un médico forense violador, ocurrido hace poco en Caranavi, muestran el estado al que llegó la justicia boliviana.

En el primer caso los medios de comunicación, en los últimos días, recibieron grabaciones reservadas, de ser ciertas, demostrarían la falta de justicia en los estrados, donde la única su misión del juzgador debiera ser “la servidumbre, a lo que no mancha, a la Ley”.

Recordemos que el 13 de noviembre de 2014, el bebé Alexander, acogido en el hogar Virgen de Fátima, se encontraba muy mal y tuvieron que llevarlo al Hospital del Niño, luego a urgencias del Hospital Juan XXIII, donde se dio informe “que se encontró sangre en el pañal del bebé de 8 meses señalando que fue víctima de abuso violación”.

A partir de ese momento empezó el sufrimiento del médico Jhery Fernández, quien en marzo de este año fue sentenciado a una pena de 20 años de prisión, pese que, durante el juicio y las investigaciones preliminares, según sus abogados defensores, se habían cometido una serie de errores, como el informe de una de las forenses que no está inscrita en el Colegio de Médicos y no tiene experiencia necesaria.

Los abogados de la parte acusada hicieron todos los esfuerzos para demostrar que Fernández era inocente de la acusación que pesaba sobre él. Pero nada funcionó. Había que calmar a la opinión pública que estaba indignada. Y, como la juez que dictó sentencia, según un audio que llegó a los medios de comunicación, habría indicado que el médico Fernández era inocente y que la versión del abuso sexual surgió a raíz de una equivocación de una forense, la situación se torna delicada, si bien se admite que toda grabación puede ser objeto de alteración y que no es prueba fehaciente, que existe el beneficio de la duda, lo evidente, según los letrados, es que las pruebas aportadas por el acusado enervaron las del Ministerio Público y de quienes se constituyeron en parte civil.

La jueza ayer manifestó que no era su voz, en la grabación. Ese no es el tema de discusión o polémica, sino que un joven médico, por inquina de alguien de su entorno en el trabajo, está recluido en un penal, si hubiere suficiente indicio de que con probabilidad es inocente, valdría la pena que la jueza, de acuerdo a Procedimiento Penal, aplicando el adagio jurídico “de ampliar lo favorable y restringir lo odioso”, aclare y enmiende su sentencia y por lo menos se disponga que el acusado se defienda en libertad.

Otro caso que retrata a los operadores de justicia es lo que ocurrió en Caranavi. En esta población de los Yungas paceños, un médico forense habría violado a las niñas violadas que recurrían a su oficina para recabar el certificado forense. Lo agravante es que dicho sujeto procesal habría tenido encubrimiento del fiscal de la región.

Estos hechos muestran la grave crisis que afecta a la justicia boliviana. En las pasadas horas, el ministro de Justicia, Héctor Arce, informó que el Fiscal General destituyó al fiscal de Caranavi, y el forense violador fue enviado a presión.

Con respecto al caso del bebé Alexander, el Ministro en su cuenta en Twitter escribió «corresponde que el Consejo de la Magistratura haga una investigación inmediata y se tomen las acciones que correspondan contra la jueza, de ser evidentes los audios» (sic).

Es posible que se ponga en libertad al médico injustamente acusado; que se destituyan fiscales y a jueces denunciados ante el Consejo de la Magistratura, se encarcelen a forenses violadores, pero eso no resuelve el problema que aqueja a la justicia.

El pueblo boliviano exige un sistema judicial que no acepte presiones para atender los procesos judiciales, que se obre con rectitud y corrección, que tenga los mejores profesionales para investigar cada caso, que haya autoridades y personal de apoyo imbuidos de ética y moral sólidas. Es preciso otorgar al Órgano Judicial el presupuesto suficiente que les permita un adecuado equipamiento e independencia del Ejecutivo y del Legislativo.