Caso Focas: TSJ determina levantar arraigo a Doria Medina por su edad

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó ayer, levantar el arraigo nacional que pesaba sobre el líder político de Unidad Nacional (UD) y empresario Samuel Doria Medina, como medida preventiva por el denominado caso Focas, en consideración que el imputado cumplió los 60 años de edad.

Los magistrados fundamentaron su decisión en el artículo 67 de la Constitución Política del Estado, que establece que las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana, se indicó.

“La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los artículos 44, inciso 315 del Procedimiento Penal, resuelve declarar fundado el incidente de medidas sustitutivas a la detención preventiva propuesta por Samuel Jorge Doria Medina Auza, determinándose el levantamiento del arraigo”, señaló en la lectura de la resolución el magistrado secretario de la Sala Penal del TSJ, Olvis Egüez.

Doria Medina tiene medidas sustitutivas a la detención preventiva por el caso Focas desde febrero de 2017.

El magistrado Egüez señaló que se modificó las medidas sustitutivas a la detención preventiva del arraigo, tras considerar los 60 años de edad del imputado y estar amparado en la normativa nacional que beneficia a las personas adultas mayores sometidas en procesos penales.

Asimismo, la resolución también instruye mantener las otras medidas, como la anotación de bienes, la presentación personal mensual en la Fiscalía Departamental de La Paz y una fianza de 200.000 bolivianos.

La Sala Penal emitió esa resolución luego de que el empresario tenía impedimento de salir del país durante dos años y 13 días.

En este caso, además de Doria Medina, están imputados otras seis exautoridades de Estado, acusados por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

El denominado caso Focas (Formación de Capital en Áreas Secundarias) tiene su origen en 1986 en un contrato de préstamo suscrito entre Bolivia y Estados Unidos, convenio que no contó con autorización del entonces Congreso Nacional y los fondos fueron manejados por una entidad privada.