CCPLP denuncia irresponsabilidad de chóferes, Alcaldía y Policía

El Comité Cívico Pro Departamento de La Paz, remitió oficio a Franklin Richard Flores Córdoba, presidente de la Comisión de Economía Plural Producción e Industria haciendo conocer “preocupación por los constantes accidentes de tránsito en la que muchas vidas se pierde por culpa de irresponsables chóferes, ante la inexplicable condescendencia de la Policía y Alcaldía”.

El presidente del citado Comité, Flavio Chacón Conde y directivos de la institución, en declaración a nuestros redactores señalaron “el Comité Cívico Pro Departamento de La Paz, en condición de Control Social establecido en el Art. 241 de la CPE y la Ley 341 de Control Social, le hizo conocer al ciudadano Richard Flores, nuestra profunda preocupación respecto a los accidentes de tránsito, en Villa Victoria con la trágica muerte de 8 ciudadanos y otro ocurrido al día siguiente por microbuses de transporte público con más de 30 años de antigüedad. Consideramos que esta irresponsabilidad de chóferes, Alcaldía y Policía no debe quedar en la impunidad. Estos hechos se van repitiendo constantemente sumándose a esto la mala calidad, pésima educación, en el servicio, que no reúne las mínimas condiciones de seguridad, minibuses, radiotaxis, destartalados, con asientos piso, fierros angulares que provocan en los pasajeros, sobre todo en menores y ancianos, graves dolencias, porque en lugar de contar con catorce asientos, los minibuses, añaden un otro asiento con angulares, lo que provoca rotura de huesos”.

“Ante esta situación, hemos pedido al Comité de Transportes, dependiente de la Comisión de Economía Plural, elabore un proyecto de Ley para que la revisión técnica de vehículos pase de la Policía a manos privadas, debido a la improvisación en la realización de este trabajo y por el alto índice de accidentes de tránsito por fallas mecánicas, trabajo que deberá ser realizado por empresas especializadas con talleres de mantenimiento autorizados para este efecto, consideramos que la vida de las personas no tiene precio y son los servidores públicos que deben hacer cumplir disposiciones legales, aplicando el Código de tránsito y el Código Penal para sancionar a quienes resultaren culpables; autores, coautores, cómplices, de los fatales hechos”.