CIDH insta a determinar participación policial y militar en caso Ayotzinapa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado mexicano a determinar el grado de participación policial y militar en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 en su informe sobre el seguimiento del caso.

“Es importante determinar el grado de participación de la policía federal en los hechos, así como del Ejército, las policías municipales (…) y estatales”, reza el trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) de esa organización.

En este sentido, el documento, basado en el primer año del MESA, enfatiza la necesidad de que el país ejecute las órdenes de detención pendientes y reclama ampliar las solicitudes de asistencia jurídica a Estados Unidos.

El informe llega dos días después de que un tribunal mexicano tomara la decisión de crear una Comisión de la Verdad ante la presunción de que la investigación de la Fiscalía de México “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”.

La comisión se forma por las “graves violaciones” de derechos humanos, como tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, ante, según la corte, la ausencia de una Fiscalía independiente en México.

La relatora para ese país de la CIDH, Esmeralda de Troitiño, abogó por la implementación de la sentencia del pasado lunes y se refirió a la “falta de investigación adecuada en las líneas que apuntan a la participación” policial y militar, recogida en la misma.

La experta de la CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), calificó el fallo del tribunal de “trascendente” y resaltó que con esta sentencia “los actores principales, las víctimas, asumen una posición privilegiada”.

Asimismo reconoció que la decisión convierte en “insostenible” el relato de la descrita como “verdad histórica”, es decir, la versión oficial que sostiene que los jóvenes fueron entregados por los agentes a miembros del crimen organizado, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.

Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, estado de Guerrero, desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 tras ser arrestados por policías en el municipio de Iguala.

En el informe la organización lamenta que “más de tres años después, el paradero sigue siendo desconocido” y que “no hay nuevas detenciones de actores estatales que podrían haber participado en la noche de los hechos”.

También pide abordar las pesquisas de manera “integral y unificada” con objeto de “fortalecer una nueva hipótesis sustentada en pruebas objetivas y una nueva narrativa”, así como reconducir las investigaciones bajo el tipo penal de desaparición forzada.

Otro de los aspectos que abarca el documento es la necesidad de que el Estado emplee “mecanismos efectivos de colaboración (…) frente al alto número de personas detenidas”.

Un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH acompañó la investigación de las autoridades mexicanas entre marzo de 2015 y abril de 2016, hasta que el Gobierno decidió que no siguiera con su tarea, tras haber contradicho el relato oficial; en septiembre de ese año la CIDH puso en marcha el MESA.

“Sigo pensando que los resultados no son para nada lo que los familiares de las víctimas quisieran”, aseguró durante la presentación del informe el comisionado de la CIDH Luis Ernesto Vargas, quien se refirió a la lentitud de la investigación como “paquidérmica”.

Por su parte, el secretario general de la CIDH, Paulo Abrao, consideró que cada uno de los candidatos a la Presidencia mexicana en las elecciones del 1 de julio debería hacer un pronunciamiento público de “compromiso” con la investigación.

Un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ya señaló que se han hallado fuertes indicios de tortura en 34 detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes.