Crisis entre CICIG y Gobierno de Morales se recrudece y deja dos detenidos

EFE

La decisión de las autoridades de prohibir el ingreso del colombiano Yilen Osorio, recrudeció la crisis entre el gobierno del presidente Jimmy Morales y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Osorio fue retenido contra su voluntad en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, de la capital, por más de 24 horas, pero tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país, se le permitió el ingreso.

El portavoz de la CICIG, Matías Ponce, confirmó que el investigador colombiano ingresó al territorio guatemalteco.

En la terminal aérea Osorio estuvo acompañado desde el sábado por delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos y fiscales del Ministerio Público (MP).

El colombiano es uno de los 11 investigadores de la CICIG a quienes el gobierno no les renovó la visa el año pasado y en diciembre último les ordenó abandonar el país, pero una resolución judicial dejó temporalmente sin efecto esa medida.

Pero los 11 funcionarios salieron del país por vacaciones.

A raíz de la prohibición para que el investigador ingresara a territorio guatemalteco, la fiscal general, María Consuelo Porras, ordenó a sus fiscales que capturen, en flagrancia, a los responsables de impedir el ingreso de Osorio.

En la resolución, Porras pide a sus fiscales que con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) procedan a la detención en flagrancia de todas aquellas personas que persistan en el incumplimiento de las resoluciones emitidas por la CC y otros tribunales.

De esa cuenta fueron capturados Irma Cruz Suntecún Tesucún y Miguel Antonio Cantoral Dávila, delegados del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) en la terminal aérea.

La fiscal general también instruyó a sus fiscales que soliciten las órdenes de captura en contra de quienes resulten responsables de la negativa de obedecer las resoluciones.

Además, que se inicien los procesos de antejuicio (desafuero) en contra de los funcionarios que hubieran desobedecido las resoluciones con el fin de garantizar el Estado de Derecho.

Porras exhortó al Ministerio de Gobernación (Interior) y a la Policía Nacional Civil, acatar las órdenes de los fiscales.

El Consejo Superior Universitario expresó su preocupación por el recrudecimiento de la crisis política e institucional, y por la tensión entre entidades del Estado por las resoluciones emitidas en favor de la CICIG.

“Es urgente que la Secretaria General de la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala actúen con responsabilidad y que efectivamente resuelvan la controversia existente en torno a la CICIG”, dijo el Consejo de la estatal Universidad de San Carlos.

Advirtió que el despliegue desproporcionado de fuerzas policiales en las instalaciones del aeropuerto “no contribuyen” a solucionar la situación, sino por el contrario, se manda un mensaje negativo a la comunidad internacional.

Al Ministerio de Gobernación (Interior) le pidió acatar “incondicionalmente” la resolución de la CC y permitir el ingreso de los investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad.

Los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, Enrique Degenhart y Sandra Jovel, respectivamente, fueron denunciados penalmente por la organización Acción Ciudadana (AC) por supuestamente estar implicados en la prohibición para que el colombiano ingrese a Guatemala.

En la denuncia, el organismo incluyó al Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado, por los delitos de usurpación de atribuciones, abuso de autoridad y desobediencia.

Por su parte, la CICIG presentó ante el Constitucional una solicitud para que se ejecute las resoluciones judiciales emitidas el 21 y 27 de diciembre pasado, las cuales permiten el ingreso de los 11 investigadores de ese organismo a Guatemala.

El organismo de las Naciones Unidas también pidió que se encauce penalmente a los funcionarios responsables de impedir el ingreso de sus funcionarios.

“En virtud de que se advierte desobediencia por parte de las autoridades impugnadas dentro del presente amparo, se ordene el encausamiento por desobediencia, certificando lo conducente para el inicio del proceso penal que corresponda”, expresa el documento.

El fiscal contra la Corrupción, Stuardo Campo, explicó a los periodistas que está analizando si proceden o no las capturas, y también la solicitud de desafuero de algunos ministros.

La decisión del Ejecutivo de prohibir el ingreso del investigador fue recibida con indignación por varias organizaciones sociales y activistas, entre ellos la premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú.