Dan plazo a la FTC hasta el viernes para salir de La Asunta

El conflicto entre los cocaleros de La Asunta (Sud Yungas) y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) se agudiza con nuevas advertencias y ultimátum, después de que hubo heridos y detenidos en enfrentamientos a bala. Tres militares y policía encargados de la destrucción de cultivos ilegales de hoja de coca, y un agente antidrogas fueron heridos de bala por lugareños que se resisten a la erradicación de la planta en esa zona tropical de los Yungas.

El conflicto surgió porque la FTC realiza trabajos de erradicación de coca. El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, indicó que en La Asunta ya se eliminó 1.225 hectáreas de cocales ilegales y sólo faltan 275 hectáreas, pero existe una fuerte resistencia de los pobladores.

Cáceres aseguró que en los últimos días hubo cuatro uniformados heridos por proyectiles de arma de fuego.

Según el Viceministro, el viernes un subteniente fue herido en una emboscada, el lunes por la mañana un teniente también fue lesionado de la misma manera, y por la tarde un suboficial y un sargento fueron alcanzados por perdigones de escopeta.

En todos estos casos, fueron víctimas de una “emboscada” por parte de “grupos armados”, remarcó Cáceres.

“Gracias a Dios están estables, están siendo atendidos y vamos a continuar con la erradicación de coca excedentaria”, manifestó.

Dos personas fueron detenidas por el ataque del viernes y hay 18 mandamientos de aprehensión para otros presuntos vinculados con estas acciones, añadió.

Señaló que un dirigente de La Asunta dijo públicamente que jóvenes irían a defender la zona de la FTC y se preguntó si ya se tratan de “grupos irregulares”.

En operaciones realizadas a principios de mes en la zona, agentes antidrogas destruyeron una poza de maceración y una fábrica de cocaína, señaló a su turno el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) de Bolivia, Marco Ibáñez.

Según el oficial, la unidad de la Felcn encargada de patrullar las áreas rurales está en la zona alertada por denuncias de que “estaría activándose algún tema ilícito de fabricación de cocaína”.

Ibáñez lamentó que no han podido terminar el reconocimiento del área “porque han sido agredidos con armas de fuego” y apuntó a “gente que está ligada al narcotráfico”.

El coronel Ibáñez señaló que los detenidos por los enfrentamientos fueron encontrados con fusiles, dinamita, bombas Molotov, y marihuana.

Cáceres advirtió a los sectores que incurren en sedición “están trasgrediendo la ley, la normativa, tendrán que atenerse a las consecuencias”.

Ultimátum

Por su parte, el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, Franklin Gutiérrez, en declaraciones a los medios, denunció que son miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), una entidad militar y policial contra el narcotráfico, quienes están cometiendo abusos contra la gente de La Asunta.

Según Gutiérrez, se resolvió dar “un ultimátum hasta el viernes” para que la FTC abandone el lugar e indicó que no se van a “hacer responsables” de lo que ocurra.

Asimismo, añadió que este próximo domingo habrá un “gran cabildo” para “tomar decisiones en contra de estos hermanos abusivos que han ingresado a La Asunta por órdenes del Gobierno, la FTC, que se está robando”, herramientas de trabajo e incluso dinero a los lugareños.

La hoja de coca en Bolivia está consagrada en la Constitución por sus usos tradicionales, medicinales y culturales, pero una parte de la producción es desviada al narcotráfico para la fabricación de cocaína.

Bolivia tiene desde 2017 una ley que subió la superficie de cultivos legales de la planta de 12.000 a 22.000 hectáreas, de las que 7.700 están en el trópico de Cochabamba o Chapare y 14.300 en el departamento de La Paz.

Esta norma causó molestia entre los afiliados a Adepcoca, quienes han cuestionado la legalización de las plantaciones del Chapare y están enfrentados con el Gobierno desde la aprobación de la ley.

Los cultivos de la planta en Bolivia se incrementaron en un 14 % en 2016, hasta situarse en 23.100 hectáreas, según un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

Este miércoles se conocerá el nuevo informe de la Unodc sobre las plantaciones de coca en Bolivia.

Cáceres sostuvo que las acciones del Gobierno se enmarcan en las “recomendaciones” realizadas por este organismo para acabar con los cultivos ilegales de la planta.