Denuncian cobros entre Bs 250 y Bs 350 para adopciones de menores

APG

La Defensoría del Pueblo de Bolivia denunció ayer irregularidades en trámites de adopción de menores en La Paz, incluidos cobros de dinero cuando las normas establecen que estos procesos son gratuitos.

Las irregularidades fueron detectadas en una investigación desarrollada con respaldo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para conocer la situación de las adopciones en Bolivia, explicó la Defensoría del Pueblo en un comunicado.

Mediante estas indagaciones se identificó que el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de La Paz realiza cobros de unos 250 bolivianos y 350 bolivianos (36 y 50 dólares) a los solicitantes de adopciones.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió que el Ministerio Público inicie una investigación, pues estos cobros vulneran el principio de gratuidad establecido en el Código Niña, Niño y Adolescente del país, indica la nota.

La norma señala que los procesos judiciales o administrativos en los que estén involucrados menores de edad son gratuitos, recordó la defensoría.

La indagación también comprobó “el uso desmedido del acogimiento institucional”, es decir, la permanencia de una “cantidad significativa” de menores en centros de acogida, incluso por más de quince años, sin que su situación haya sido resuelta.

“A esto se suma que no se cuenta con registros oficiales sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes en centros de acogida y en condición de adoptabilidad, ni las tipologías por las cuales se encuentran en estos lugares”, remarca el comunicado.

Esto impide que los funcionarios de las defensorías de la niñez, los servicios sociales de Sedeges y los departamentales de Política Social realicen un trabajo oportuno, lamentó la defensoría.

Otro problema identificado es la falta de una “cultura de adopción”, lo que deriva en que los solicitantes no reciban una atención “adecuada, empática y transparente”, con lo que terminan por perder el interés o abandonar el trámite.

El informe también llamó la atención sobre la falta de personal especializado en derechos humanos en el ámbito administrativo y judicial, además de una “discrecionalidad” en los formatos sobre “idoneidad y adoptabilidad”, entre otras dificultades.

La Defensoría del Pueblo recomendó a las instituciones estatales y judiciales vinculadas con los procesos de adopciones que den prioridad a las soluciones permanentes frente a las provisionales “cuando exista la necesidad de restituir el derecho” de un menor.

También planteó al Ministerio de Justicia de Bolivia tomar las medidas necesarias para contar con un registro nacional y departamental para facilitar las adopciones.

Otra recomendación apunta a las autoridades nacionales, regionales y municipales para poner en marcha programas que generen conciencia de que “la adopción es un derecho”.

Asimismo, se recomendó que el Consejo de la Magistratura y los gobiernos departamentales y municipales asuman acciones para fortalecer a las instituciones vinculadas con los procesos de adopción y protección de la niñez.

La denuncia defensorial se conoce cuando en la Asamblea Legislativa del país se analiza un proyecto de ley para agilizar los procesos de adopción a la vez que se garantizan los derechos y la protección del menor.