El cieno de Quiborax

Dr. DAEN. Waldo Ronald Torres Armas

¿Es admisible, legal, que servidores públicos de la Procuraduría hayan modelado el perfil de fallo judicial con Quiborax?

Conociendo que esta transnacional hubiera “falsificado” uno de los documentos, que fue la base para su Constitución, según el expresidente Carlos Mesa el Gobierno, por entonces presidido por el Presidente Evo Morales, sin cuestionar esa falsedad, habría instruido a la Procuraduría negociar el acuerdo con Quiborax con el objetivo de lograr el desistimiento de acciones incoadas del querellante, así como del Ministerio Público de Bolivia y elaborar un proyecto de resolución judicial, es decir modelar la “sentencia”, algo que era competencia exclusiva de un juez.

Quiborax habría ofrecido retirar la demanda el año 2008 a cambio de pago de 3 millones de dólares. El litigio concluyó con grave daño económico a Bolivia hoy calculado en 55 millones de dólares ¿Dónde está la diferencia? ¿Es esto coherente?

Luego, un proceso disciplinario de la Procuraduría revela que a través del e-mail, de la ex Subprocuradora, se pasó documentos reservados y propios de la confidencialidad del Estado a los delegados de Quiborax. Como consecuencia y con toda la información en sus manos, fue fácil para Quiborax ganar a la Defensa Legal del Estado el Laudo instaurado en contra de Bolivia ante el CIADI.

Llama la atención que recién se revelen actos contrarios a los intereses de Bolivia y la omisión de su juzgamiento contra funcionarios públicos que se sometieron a los intereses de empresas privadas en conflicto con el Estado. Aquí están configurados claramente delitos tipificados en los Artículos 116 y 117 del Código Penal. Los delitos por culpa e infidelidad en negocios del Estado, incluso, es pertinente asociarlos con el delito de incumplimiento de deberes, porque dichos funcionarios omitieron actos de resguardo propios de su función, pues permitieron y admitieron la violación y consecuentemente la revelación, de secretos informáticos, a la empresa chilena Quiborax, que se presuponen reservados, que dio lugar a que se genere un millonario perjuicio económico al Estado y se sospeche hasta de un delito de cohecho pasivo.

Lo inconcebible, repudiable, es que atenidos al amparo político en su condición de funcionarios jerárquicos y como tales en posesión de documentos e información, lo hicieron defraudando la confianza pública depositadas en ellos. En un intento de transferir su responsabilidad, ahora, el Gobierno quiere enjuiciar a Carlos Mesa, por nacionalizar una importante reserva de recursos naturales, patrimonio natural y cultural de Potosí y de Bolivia. El caso requiere de exhaustiva, meticulosa, oportuna, investigación para que el pueblo no resulte damnificado, pues con los 42.600.000 pagado a la empresa chilena, se podía haber generado fuentes de trabajo que requieren miles de desocupados en nuestro país.

El cieno de lodo profundo en que se hunden los políticos, en el caso Quiborax, preocupa a los bolivianos y llama la atención mundial por la forma indebida del cobro de semejante millonaria suma.