El Gobierno de Maduro pide calma tras tres días del apagón en Venezuela

EFE

El apagón que se produjo el jueves en varias regiones de Venezuela llegó ayer a su tercer día en medio de un clima de caos, debido a que las comunicaciones, el suministro de agua, el transporte y los comercios se han visto afectados, pero el Gobierno de Nicolás Maduro ha pedido calma.

Aunque la noche de este domingo se informó del retorno intermitente de la energía eléctrica en la mayoría de las zonas de Caracas, en Zulia (noroeste), Táchira (oeste) y varios estados, sus habitantes aseguran que no les ha llegado la luz desde el jueves a las 17.00 horas (21.00 GMT) cuando ocurrió el masivo apagón que el Ejecutivo atribuye a un «sabotaje».

Desde el Gobierno de Maduro se ha asegurado que trabajan para solucionar el problema y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, pidió en una declaración al canal estatal VTV «calma» y no caer en la «violencia».

Algunos medios locales informan de conatos de saqueo en Caracas y otras regiones del territorio venezolano, donde los alimentos que se mantenían refrigerados han comenzado a dañarse por la falta de electricidad.

Además, el apagón también ha afectado al suministro de agua, un recurso ya escaso, y ante ello muchos venezolanos han acudido a ríos o a los chorros de manantiales en los cerros para llenar bidones o bañarse.

Los comercios, por su parte, continuaron cerrados y los pocos que abrieron sus puertas cobraron a los usuarios en efectivo, un bien escaso en Venezuela, o en dólares, moneda a la que también tienen poco acceso los venezolanos.

Las filas para abastecerse de gasolina no faltaron en las pocas estaciones de servicio que se encuentran abiertas.

Maduro, entretanto, ha indicado en un vídeo en Twitter que «(la) estrategia macabra de este ataque al sistema eléctrico es llevar a nuestro pueblo a un nivel de desesperación y a enfrentamiento de venezolanos contra venezolanos, eso no va a ocurrir, de verdad tenemos un nivel de conciencia muy grande en nuestro pueblo».

El mandatario aseguró que todos los «sistemas de recuperación (de energía) están activados» y que el proceso va «lentamente», pero para este lunes las clases y la jornada laboral fueron suspendidas.

El Gobierno de Maduro sostiene que hubo un «sabotaje» en la principal hidroeléctrica del país, el Guri, y atribuye la responsabilidad a Estados Unidos y a la oposición.

El líder opositor y jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, rechazó esta acusación y señaló en una rueda de prensa que el apagón se debe a la desinversión y mala gestión.

Además, criticó la respuesta del Gobierno de Maduro ante la crisis e informó de que solicitará a los diputados decretar el «estado de emergencia» para hacer frente a la «catástrofe» que atraviesa el país.

El opositor señaló que el Parlamento celebrará una sesión «de emergencia (el lunes) para evaluar (decretar) el estado de alarma nacional y tomar las acciones» correspondientes.

«Vamos a solicitar al Parlamento (que decrete la emergencia), debemos atender de inmediato», insistió sin aclarar qué potestades podría obtener el Gobierno interino que asegura presidir si fuera aprobado este decreto.

Señaló que la oposición mantiene «conversaciones» con una empresa alemana con capacidad para proveer de manera inmediata plantas eléctricas y otros bienes necesarios para estabilizar el sistema.

Asimismo, informó sobre la muerte de 17 personas en los hospitales a causa del apagón, pero el Gobierno de Maduro lo ha negado.

«La derecha internacional esperaba y a pocos minutos de que ocurrió la falla eléctrica ya anunciaban una cantidad de muertos que no ocurrieron ni van a ocurrir porque el pueblo venezolano y el gobierno revolucionario y el equipo de salud está trabajando arduamente para garantizar la vida de todos», dijo el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

Pese a que el apagón ocurrido el jueves es el más largo de la historia de Venezuela, en algunas regiones del país se registran fallos eléctricos desde hace unos cinco años. Todos ellos han ocurrido, según el Gobierno, por actos de «sabotaje».