El Gobierno pide un duro castigo por el crimen de una transexual

ABI

El Gobierno de Bolivia consideró que el caso de una transexual que murió apuñalada por un grupo de jóvenes en una discoteca de la ciudad boliviana de El Alto es un crimen de odio que debe ser duramente castigado.

La viceministra de Igualdad de Oportunidades de Bolivia, Estefanía Morales, declaró a los medios que «por instrucción del ministro de Justicia, Héctor Arce», se han apersonado en este caso.

Esta responsable del Ministerio de Justicia de Bolivia añadió que su departamento prestará «toda la colaboración a la familia para lograr que se haga justicia con las máximas sanciones para los autores de este crimen».

La muerte se produjo el pasado fin de semana cuando la joven y una hermana suya, también transexual, estaban en una discoteca de esa ciudad vecina de La Paz y recibieron insultos como «maricones» por un grupo de jóvenes que luego las agredieron con armas blancas, según denuncia la Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia, a la que pertenecían.

La viceministra subrayó que la familia de la joven recibirá la ayuda del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y del Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima (Sepdavi), para que tenga asistencia jurídica gratis y para el traslado del cuerpo de la joven a la ciudad oriental de Santa Cruz, de donde es originaria.

El ministro de Justicia reclamó «una profunda investigación y la más drástica sanción contra este crimen de odio», en un mensaje en Twitter.

Arce aseveró en su mensaje en la red social que Bolivia «ha avanzado en cuanto a derechos de las personas indistintamente de su condición, origen y creencias y este tipo de crímenes no deben ser tolerados».

El periódico paceño Pagina Siete reportó que fueron detenidos tres varones en relación con este caso.

Esta muerte generó numerosas denuncias públicas en Bolivia de colectivos de transexuales, que reclaman justicia para lo que consideran un nuevo caso de transfeminicidio.

En Bolivia, los crímenes de odio no están tipificados como tal en las leyes penales, algo que reclaman las organizaciones LGTB desde hace años.

Según datos de estas entidades, en los últimos años en el país hubo al menos 65 asesinatos de personas LGTB, de los que sólo uno llegó a sentencia, lo que fue posible por el impulso de la familia de la víctima y de los activistas por los derechos de estos colectivos.