El Supremo argentino aplaca la polémica al confirmar juicio contra Fernández

EFE

El Supremo argentino confirmó que el primer juicio por corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) comenzará el próximo martes, tras dos días de polémica por una posible suspensión de la vista que generó enfado en parte del abanico político y cacerolazos en las calles.

Si ninguna decisión judicial de última hora lo impide, el 21 de mayo la senadora y viuda del también exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007) acudirá a los tribunales federales de Buenos Aires para ser juzgada por encabezar presuntamente una asociación ilícita y cometer fraude en la concesión de obra pública durante su mandato.

El juicio comenzará a las 12 del mediodía y al frente estarán los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Luciano Gorini y Andrés Fabián Basso.

Con la expectación que genera ver a la otrora jefa de Estado y eventual candidata a los comicios presidenciales de octubre próximo sentada en el banquillo, la decisión esta semana de la Corte Suprema de Justicia de revisar la documentación del proceso -al hacer lugar a recursos presentados por los acusados- despertó fuertes críticas, por el peligro de que se aplazara la vista o incluso se suspendiera.

Mientras el Gobierno de Mauricio Macri llegó a hablar de «impunidad» y de «fallo político» -en medio de un año electoral-, la Fiscalía y las querellas pidieron que el debate comenzase en tiempo y forma y grupos de ciudadanos exigieron con cacerolazos en la noche del miércoles el comienzo del juicio.

Es así que esta mañana, el Supremo se vio obligado a aclarar la situación.

«El pedido de autos solicitados por esta Corte no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido. La medida es al sólo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta a dicho tribunal, en tiempo oportuno», explicó el máximo tribunal en un comunicado.

Así y todo, la Corte insistió en que debe cumplir con su misión de «guardián de las garantías constitucionales» y examinar el «correcto cumplimiento del debido proceso».

Tal y como se esperaba, la confirmación de que el martes Fernández se sentará ante los jueces ha generado tanta satisfacción en el Ejecutivo como reproches en el kirchnerismo.

«Es bueno, ante la conmoción social y el reclamo muy fuerte de la ciudadanía, que la Corte clarifique estos puntos», consideró el ministro de Justicia, Germán Garavano ante la prensa, y recordó que Argentina ha tenido durante mucho tiempo «altísimos niveles de impunidad» que hacen que esto genere «profunda sensibilidad» en la sociedad.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, remarcó que no se le está diciendo al juez que «condene a la expresidenta», sino que se haga justicia determinando en el juicio su inocencia o culpabilidad.

El entorno de la senadora no tardó en mostrar su disconformidad y acusó al Gobierno de presionar a la Justicia.

«Nunca en nuestra historia democrática se vio a un Gobierno perseguir tan brutalmente a los dirigentes opositores y presionar y hostigar sin descaro al Poder Judicial para blindar el saqueo sistemático y la entrega del país», opinó en Twitter el diputado kirchnerista Wado de Pedro.

En la llamada «causa vialidad», una de las más de diez en las que Fernández está procesada -cinco con órdenes de detención que no se hacen efectivas por tener fueros- se investigan irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales en la sureña provincia de Santa Cruz -feudo del kirchnerismo- al Grupo Austral, propiedad del constructor Lázaro Báez, antiguo colaborador de Kirchner.

El caso afecta también a, entre otros, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, y el propio Báez, todos ya en prisión por otras investigaciones.

El expediente apunta a que se perpetró un plan para el manejo «fraudulento» de fondos estatales en favor de las empresas de Báez, que resultaron adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en Santa Cruz durante los 12 años en que se extendieron los Gobiernos kirchneristas nacionales.

A los imputados se les acusa de haber formado parte de una asociación destinada a cometer delitos; para «apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada» de los fondos asignados a la obra pública vial mediante licitaciones con «múltiples irregularidades» destinadas al favorecimiento del empresario.

El juicio ya tenía que haber empezado el 26 de febrero, aunque se postergó al 21 de mayo por problemas de salud de uno de los jueces que integraban el tribunal, que finalmente falleció en marzo.

La causa guarda semejanzas con otras que afectan también a Fernández y Báez, y en las que se investiga si se usaron dos sociedades inmobiliarias de los Kirchner para recibir, mediante arrendamientos de propiedades, transferencias millonarias de parte de empresarios como Báez, que a su vez habría recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.

Fernández niega constantemente los cargos que se le imputan y reitera que es víctima de una persecución política impulsada por Macri, quien a su juicio busca tapar la crisis económica del país.