En la era de la biotecnología

Se tratará a nivel de gobierno el tema de transgénicos en el país, con las limitaciones que impone la Constitución Política del Estado (CPE). Hasta ahora, tanto los productores como las autoridades se encuentran con manos atadas por las normas legales que impiden la siembra de semillas genéticamente modificadas, aunque en los hechos en el país se comercializan y consumen diversidad de productos de esta naturaleza, e inclusive se produce soya transgénica, con ventaja por sus costos, rendimiento y resistencia efectos climáticos y a plagas.

Según el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Richard Paz, el año pasado la producción de soya bordeó los 2,7 millones de toneladas (t), pero que si se hubiera utilizado la semilla HB4, se podría llegar hasta 3,5 millones.

Anteriormente hubo una reunión con el gobierno para analizar el tema y se acordó una definición para el próximo sábado 9 de febrero. Los pequeños productores de las provincias Ichilo, Obispo Santistevan, Warnes y Sara, que integran la Federación Única de Trabajadores de Campesinos, en un ampliado extraordinario realizado en Montero emitieron un pronunciamiento en el que le piden al Gobierno la aprobación de las semillas genéticamente modificadas en granos estratégicos, como soya, maíz, algodón, arroz, caña de azúcar y otros cultivos propios de esta región.

El ministro César Cocarico, confirmó que el próximo sábado habrá un gabinete regional en Yapacaní, donde se debatirá con los dirigentes de los productores del Norte Integrado la posibilidad del uso de semillas genéticamente modificadas de al menos tres cultivos: soya, caña y algodón. La siembra de soya no es el único caso en el país, ya que se dio luz verde a la biotecnología al aprobarse la Ley 1098 de Etanol y de Aditivos de Origen Vegetal. Esa norma marca oficialmente el ingreso de Bolivia a la producción de los biocombustibles, con el etanol conseguido a partir de la producción de la caña de azúcar y con el biodiesel, a partir de la producción de la soya y otras oleaginosas.

La producción de estos energéticos conlleva la necesidad de producir más granos y aceites, y por lo tanto aumentar áreas de cultivos, mejorar la productividad y rendimiento por hectárea, lo que supone la introducción de biotecnología. Aunque la norma evita utilizar el nombre de transgénicos, en los hechos se trata de lo mismo. Al parecer, la prohibición expresa de la Constitución ya no será un obstáculo.

Recordemos que anteriormente, el Gobierno y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) fueron protagonistas centrales de la llamada cumbre agropecuaria “Sembrando Bolivia” que se propuso el objetivo de incorporar a la producción medio millón de hectáreas de tierras de cultivo, y lograr no solamente que el país sea autosuficiente, sino que exista capacidad para exportar excedentes y generar riqueza.

En realidad, esa fue la idea central al buscar la soberanía alimenticia, concepto que reconoce como eje principal el factor de disponibilidad de alimentos, pero que también da énfasis en la importancia del modo de producción de los alimentos y su origen. Esto significa, cuidar el medioambiente. El mayor y más complicado problema es conciliar esta realidad. Para lograr este objetivo se requiere el entendimiento y la armonía de varios factores que confluyen, entre ellos, evidentemente, la adopción de políticas de estado claramente definidas y concertadas en sintonía con el sector agropecuario. Ya existen planteamientos que han definido una serie de metas, y la coincidencia de contar con un entorno amigable al medioambiente, y una relación de entendimiento propicio y factible, basado en fundamentos que permitan hacer realidad la aspiración de convertir a Bolivia en un país agro productor.

Para ello se requieren algunas condiciones de desarrollo y trabajo, como la necesidad y certeza de la vigencia de seguridad jurídica, y medidas legales que abran al país a la biotecnología, y a las exportaciones sin restricciones, de manera que se pueda lograr que en este rubro, además, se cumpla una función económica y social. Finalmente, parece que está en curso una de una de las iniciativas más importantes de los últimos años que está dirigida a aumentar la producción agroindustrial del país sin los sesgos ideológicos ni partidistas que muchas veces distorsionan cualquier proyecto, pero que debe conciliar con el compromiso nacional inscrito en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.